Gestión de alquileres
en Las Palmas y Canarias

La gestión completa de un alquiler de larga duración cuesta entre el 8 y el 12 % de la renta mensual, según el inmueble y los servicios. La gestión de alquiler vacacional se sitúa entre el 15 y el 25 % de los ingresos. El estudio inicial de rentabilidad es gratuito.

Publicación del inmueble, selección del inquilino con estudio de solvencia, redacción del contrato, depósito de la fianza ante la Administración autonómica, cobro mensual de la renta, actualización anual, gestión de incidencias y mantenimiento y, si hay impago, la reclamación y el desahucio judicial.

Sí. Una agencia inmobiliaria te deriva a un abogado externo con sus propios honorarios; nosotros somos abogados y tramitamos el procedimiento directamente, sin coste adicional. La duración del procedimiento depende de la carga de la sección civil del Tribunal de Instancia y de si el inquilino se opone.

Actuamos desde el primer impago: requerimiento formal, demanda de desahucio y reclamación de las rentas debidas. Cada mes sin actuar es un mes más de deuda y un mes más sin recuperar el inmueble, por eso no esperamos.

Sí. Gestionamos el alquiler íntegramente a distancia con informes periódicos, presentamos el IRNR (modelo 210) por los rendimientos del alquiler y atendemos en español, inglés, alemán, francés, italiano y neerlandés.

Sí. El alquiler turístico exige presentar una declaración responsable ante el cabildo insular, que inscribe la actividad en el Registro General Turístico de la Comunidad Autónoma de Canarias (Ley 6/2025, de 10 de diciembre, de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas), y tiene fiscalidad y restricciones propias. Lo gestionamos junto con la habilitación de la vivienda; los honorarios van del 15 al 25 % de los ingresos por la mayor dedicación que exige.

Se presume que sí, salvo prueba en contrario. Desde el 15 de agosto de 2026, la ley canaria presume turístico el alquiler de corta duración de una vivienda de uso residencial cuando dura 31 días seguidos o menos, una o más veces en el mismo año, o cuando se anuncia o comercializa por un canal de oferta turística (art. 11 de la Ley 6/2025, añadido por la Ley 7/2026). Si no se prueba lo contrario, el alquiler queda sometido a la legislación turística, que exige presentar antes una declaración responsable ante el cabildo insular. Un alquiler de temporada corto sigue siendo posible, pero hay que poder acreditar que el contrato se ajusta a la legislación de arrendamientos y que su finalidad no es turística (art. 12).

El motivo de la estancia. El arrendador debe pedir antes al inquilino la razón que justifica el alojamiento provisional y su relación con la duración prevista, y hacerla constar expresamente en el contrato (art. 12 de la Ley 6/2025, añadido por la Ley 7/2026). Si no consta, el contrato se considera de naturaleza turística. Además, firmarlo sin esa mención es infracción grave de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias (art. 76.24), con multa de 1.501 a 30.000 € (art. 79.2). Firmarlo sin haber pedido antes esa información al inquilino es infracción leve (art. 77.12). Las Administraciones competentes en vivienda, urbanismo o turismo pueden comprobar que el motivo es real.

Nosotros. En Canarias, el arrendador debe depositar una cantidad equivalente a la fianza ante la Administración de la Comunidad Autónoma, en la Caja de Depósitos, en el plazo de un mes desde la firma del contrato, y el depósito se inscribe en el Registro de Fianzas adscrito al Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) (Ley 2/2014, de 20 de junio, de Canarias, arts. 2, 5 y 12). La obligación existe aunque el inquilino no haya entregado la fianza. Nos encargamos del depósito al inicio del contrato y, al final, de solicitar su devolución y liquidar la fianza.

La protección jurídica está integrada desde el primer día: el contrato lo redactan abogados de arrendamientos, el impago lo resuelve el mismo despacho sin derivaciones y, si el inquilino moroso resulta insolvente o entra en concurso, sabemos exactamente cómo defender tu crédito — el titular ejerce como administrador concursal.