Ley de Segunda Oportunidad
Cancela el 100% de tus deudas

La Ley de Segunda Oportunidad (Ley 25/2015, integrada en el Texto Refundido de la Ley Concursal) es un mecanismo legal que permite a particulares y autónomos cancelar total o parcialmente sus deudas cuando se encuentran en situación de insolvencia. Desde la reforma de 2022 (Ley 16/2022), el proceso es más ágil y cubre también deudas con Hacienda y la Seguridad Social.

Pueden acogerse todas las personas físicas —particulares y autónomos— que se encuentren en situación de insolvencia actual o inminente. Es necesario actuar de buena fe (no haber sido condenado por delitos económicos en los últimos 10 años) y no haber solicitado la LSO en los últimos 5 años.

Sí. Desde la reforma de 2022, las deudas con la Administración Pública (Agencia Tributaria, Seguridad Social, Ayuntamientos) son exonerables dentro del procedimiento. El porcentaje cancelable depende del tipo de deuda y la situación del deudor, pero en muchos casos se elimina el 100% del pasivo público.

El coste total incluye los honorarios del abogado, del mediador concursal y las tasas judiciales. En ALY Abogados, el proceso completo oscila entre €1.500 y €4.000 según la complejidad del caso (número de acreedores, volumen de deuda, si hay bienes o hipoteca). Ofrecemos pago fraccionado y, en casos sin patrimonio, honorarios al resultado. La primera consulta es siempre gratuita.

En el concurso de acreedores se liquida el patrimonio disponible del deudor. Sin embargo, la ley protege los bienes inembargables: el ajuar doméstico indispensable, una cuantía equivalente al SMI, las herramientas necesarias para el ejercicio de la profesión y, en muchos casos, la vivienda habitual si la hipoteca está al corriente. La mayoría de nuestros clientes sin patrimonio significativo no pierden ningún bien.

No necesariamente. La hipoteca sobre la vivienda habitual no se exonera directamente, pero durante el proceso quedan paralizadas las ejecuciones hipotecarias. En muchos casos negociamos con el banco condiciones de pago adaptadas. Si la hipoteca está al corriente de pagos, la vivienda generalmente no se ve afectada.

Sí. La Ley de Segunda Oportunidad no impide trabajar durante el procedimiento ni después de él. El deudor puede mantener su empleo por cuenta ajena o su actividad como autónomo durante todo el proceso. Los ingresos obtenidos durante el concurso se destinan a cubrir los gastos del procedimiento, pero el deudor conserva una cantidad mínima para su subsistencia.

El EPI —antes denominado BEPI— es la resolución judicial que cancela (exonera) las deudas que no han podido satisfacerse tras el concurso. Es el objetivo final del proceso de Segunda Oportunidad: una vez concedido el EPI, el deudor queda liberado de todas las deudas incluidas en el procedimiento y puede empezar de cero sin cargas económicas. El término EPI es el vigente en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) tras la reforma de 2022.

El AEP es una fase de mediación en la que un mediador concursal convoca a los acreedores e intenta llegar a un acuerdo de pago (quita, espera o combinación). Desde la reforma de 2022 (Ley 16/2022), el AEP ya no es obligatorio como paso previo en la mayoría de casos: el deudor puede solicitar directamente el concurso voluntario ante el Juzgado de lo Mercantil. Si se opta por el AEP y los acreedores no aceptan, se inicia el concurso consecutivo, que puede dar lugar a la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI).

Con la reforma de 2022, el procedimiento se ha agilizado significativamente. En casos sin patrimonio relevante, la exoneración puede obtenerse en 4-6 meses. En casos con bienes o varios acreedores, el plazo habitual es de 6-12 meses. Los casos más complejos (inmuebles, litigiosidad alta, muchos acreedores) pueden extenderse hasta 18 meses. Al no ser el AEP obligatorio en la mayoría de supuestos, se elimina una fase que antes añadía 2-3 meses al procedimiento.

Sí. De hecho, la ausencia de patrimonio facilita el proceso porque no hay liquidación que gestionar. Si el deudor no tiene bienes, el juez puede acordar el EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho) directamente sin necesidad de liquidación. Solo se requiere acreditar la insolvencia y la buena fe. Desde la Ley 16/2022, el AEP previo ya no es obligatorio en la mayoría de casos.

Cuanto antes, mejor. La insolvencia inminente (cuando se prevé que en los próximos meses no se podrán pagar las deudas) ya permite iniciar el proceso, sin necesidad de esperar a tener impagos acumulados. Actuar con anticipación evita embargos, intereses adicionales y presiones de los acreedores. Si ya tienes embargos activos o deudas con Hacienda, el proceso es aún más urgente.