El Supremo tumba el argumento que usaban para negarte la Segunda Oportunidad
El Tribunal Supremo ha declarado que la buena fe del deudor es una noción normativa: su falta solo puede apreciarse por las causas tasadas del art. 487.1 del texto refundido de la Ley Concursal. Lázaro Amable explica qué significa y cómo afecta a tu Segunda Oportunidad.
Resumen del vídeo
El Tribunal Supremo, en sus sentencias 262/2026 y 263/2026, de 18 de febrero (ECLI:ES:TS:2026:439 y ECLI:ES:TS:2026:438), ha declarado que la buena fe exigida al deudor para obtener la exoneración del pasivo insatisfecho (el antiguo BEPI) "responde a una noción propia y normativa": es la propia ley, en el art. 487.1 del Texto Refundido de la Ley Concursal, la que enumera las causas de exclusión, en una lista que el Tribunal califica de taxativa. Una alegación genérica de "mala fe" que no encaje en alguna de esas causas no basta, por sí sola, para denegar la exoneración.
En este vídeo, Lázaro Amable explica que la exoneración solo puede denegarse por falta de buena fe cuando concurre alguna de las circunstancias tasadas del art. 487.1 del Texto Refundido de la Ley Concursal —por ejemplo, condena penal firme por determinados delitos, concurso declarado culpable, o información falsa o engañosa o comportamiento temerario o negligente al contraer el endeudamiento—. El preámbulo de la Ley 16/2022, que el Tribunal Supremo transcribe en esas sentencias, habla de "una delimitación normativa de la buena fe", "sin apelación a patrones de conducta vagos o sin suficiente concreción".
El deudor puede obtener la exoneración siempre que sea persona natural y deudor de buena fe (art. 486 del Texto Refundido de la Ley Concursal) y no incurra en las excepciones del art. 487 —entre ellas, haber sido condenado en sentencia firme, en los diez años anteriores a la solicitud, a pena privativa de libertad por determinados delitos (contra el patrimonio y el orden socioeconómico, entre otros) cuya pena máxima sea igual o superior a tres años— ni en la prohibición del art. 488, que exige que hayan transcurrido dos años desde una exoneración anterior con plan de pagos o cinco desde una con liquidación.
Lázaro Amable, colegiado n.º 5.231 del ICALPA, analiza también el impacto práctico: esta doctrina puede invocarse en los procedimientos en curso y en los nuevos a los que se aplique la redacción dada por la Ley 16/2022. Conviene tener presente que, según la sentencia 263/2026, "la carga de aportar la información corresponde al deudor instante de la exoneración" y el juez debe verificar que no concurre ninguna causa de exclusión, aunque ningún acreedor se oponga.