Colegiado 5.231 del ICALPADespacho en Las Palmas de Gran Canaria. Lázaro Héctor Amable Méndez, abogado colegiado 5.231 del ICALPA Solicitar cita →
35 términos jurídicos explicados en lenguaje accesible. Diccionario completo del procedimiento concursal de persona física en España.
BEPI, EPI, AEP, TRLC, concurso consecutivo, mediador concursal, plan de pagos y muchos más.
El AEP era una fase de negociación entre el deudor insolvente y sus acreedores con la intervención de un mediador concursal, previa al concurso consecutivo. La Ley 16/2022, de 5 de septiembre, suprimió el acuerdo extrajudicial de pagos y el mediador concursal que lo dirigía. Hoy el procedimiento de Segunda Oportunidad empieza con la solicitud de concurso: no hay fase previa de acuerdo extrajudicial, ni obligatoria ni opcional.
Ver más sobre este tema →El administrador concursal es un abogado, economista, titulado mercantil o auditor de cuentas con formación específica designado por la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia. Sus funciones incluyen: inventariar bienes y derechos, clasificar créditos, autorizar actos del deudor, redactar el informe del concurso y, en su caso, llevar a cabo la liquidación. En concursos sin masa puede no nombrarse.
ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito) es el fichero de solvencia patrimonial más utilizado en España. Recoge datos de impagos de personas físicas y jurídicas. Tras obtener el EPI mediante Segunda Oportunidad, el deudor puede solicitar la cancelación de su inscripción en ASNEF al haber desaparecido la deuda subyacente. La resolución que concede la exoneración (la definitiva, si hay plan de pagos) incluye un mandamiento a los acreedores afectados para que la comuniquen a los ficheros de solvencia a los que informaron del impago, y el deudor puede pedir testimonio para requerir directamente la actualización de sus registros (art. 492 ter TRLC).
Ver más sobre este tema →En el régimen anterior a la Ley 16/2022, el acreedor disidente era el que votaba en contra del Acuerdo Extrajudicial de Pagos, figura hoy suprimida. En el plan de pagos de la exoneración vigente no hay votación de los acreedores: se da traslado de la propuesta a los acreedores personados para que, en diez días, aleguen lo que estimen oportuno, y es el juez quien concede o deniega provisionalmente la exoneración y aprueba el plan, con o sin modificaciones (art. 498 TRLC). El acreedor afectado que siga disconforme puede impugnar en los casos tasados del art. 498 bis TRLC; por ejemplo, si el plan no le garantiza al menos lo que cobraría en la liquidación concursal.
El BEPI es la denominación tradicional del actual EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho). Es la resolución judicial que cancela definitivamente las deudas que no han podido pagarse tras el procedimiento concursal. Tras la reforma de 2022, la ley la denomina «exoneración del pasivo insatisfecho» (EPI), sin el «beneficio», pero en la práctica BEPI sigue siendo el término más conocido. Ambos términos se refieren al mismo mecanismo legal.
La buena fe es uno de los requisitos esenciales para acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho (art. 487 TRLC). Se considera que actúa de mala fe, entre otros supuestos, el deudor que: (1) ha sido condenado en sentencia firme, en los 10 años anteriores a la solicitud, a pena privativa de libertad por delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, cuando la pena máxima señalada al delito sea igual o superior a tres años, salvo que se haya extinguido la responsabilidad criminal y se hayan pagado las responsabilidades pecuniarias (art. 487.1.1.º TRLC); (2) ha incumplido el deber de colaboración con el administrador concursal; o (3) ha proporcionado información falsa o engañosa o se ha comportado de forma temeraria o negligente al contraer el endeudamiento o al atender sus obligaciones, circunstancia que aprecia el juez del concurso (art. 487.1.6.º TRLC).
La Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 605-607) protege determinados bienes que NO pueden ser embargados ni liquidados en el concurso: el ajuar doméstico indispensable; las herramientas necesarias para el ejercicio de la profesión u oficio; libros e instrumentos de la profesión; el SMI mensual del deudor; bienes sagrados y consagrados al culto. Estos bienes se preservan siempre, incluso en la liquidación del concurso.
El concurso consecutivo era el procedimiento que se iniciaba cuando, tras intentar un Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP), los acreedores rechazaban el plan propuesto por el deudor. Pertenece al régimen anterior a la Ley 16/2022, que suprimió el AEP: hoy se solicita directamente el concurso, sin fase previa de acuerdo extrajudicial.
El concurso de persona física es el procedimiento judicial de insolvencia aplicable a particulares y autónomos ante las Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia. Se rige por el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) y permite, mediante la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), la cancelación de las deudas no satisfechas tras la liquidación o con un plan de pagos. Es el procedimiento práctico que materializa la "Ley de Segunda Oportunidad" tras la reforma de 2022.
El concurso sin masa (art. 37 bis TRLC) es la modalidad simplificada para deudores que carecen de patrimonio suficiente para cubrir los gastos del procedimiento. Permite obtener el EPI directamente sin tramitación compleja, sin necesidad de nombrar administrador concursal y en plazos muy reducidos (3-6 meses habitualmente). Es la vía más frecuente para personas con deuda significativa pero sin bienes embargables.
Los créditos contra la masa son, en general, las deudas generadas después de la declaración del concurso y necesarias para mantener el procedimiento: honorarios profesionales, gastos del administrador concursal, suministros corrientes del deudor, etc.; y, por excepción, algunas anteriores, como los salarios de los últimos 30 días de trabajo previos a la declaración de concurso, hasta el doble del SMI (art. 242.1.2.º TRLC). Tienen prioridad de cobro sobre los créditos concursales.
Los créditos privilegiados son aquellos con preferencia legal de cobro. Existen privilegios especiales (sobre bienes concretos como hipotecas) y privilegios generales (sobre todo el patrimonio: salarios pendientes, créditos tributarios hasta cierto límite, créditos por trabajo personal). En el EPI no se exoneran, por ejemplo, las deudas con garantía real dentro del límite del privilegio especial (art. 489.1.8.º TRLC). La pensión de alimentos no es un crédito privilegiado sino un crédito contra la masa (art. 242.1.3.º TRLC), y tampoco se exonera (art. 489.1.3.º TRLC).
Los créditos ordinarios son los créditos comunes que no tienen privilegio especial ni están subordinados. Incluyen la mayoría de préstamos personales, deudas con tarjetas de crédito, créditos comerciales con proveedores y deudas no garantizadas. En el procedimiento de Segunda Oportunidad, los créditos ordinarios se exoneran mediante el EPI, salvo las excepciones del art. 489 TRLC: el crédito público ordinario, por ejemplo, solo se exonera dentro del límite del art. 489.1.5.º TRLC.
Los créditos subordinados son los que tienen menor prioridad de cobro: multas y sanciones administrativas, intereses devengados, créditos de personas especialmente relacionadas con el deudor (cónyuge, descendientes, ascendientes), créditos comunicados tardíamente. Son exonerables en el EPI, salvo las multas penales y las sanciones administrativas muy graves (art. 489.1.6.º TRLC).
El concurso voluntario es el procedimiento iniciado por el propio deudor al solicitar su declaración de concurso de acreedores. Es la vía estándar para acceder al EPI/Segunda Oportunidad. Otorga al deudor mayor control sobre los tiempos y la estrategia que el concurso necesario (instado por un acreedor).
El concurso necesario es el iniciado por un acreedor cuando concurren circunstancias objetivas de insolvencia (impagos generalizados, embargos infructuosos, alzamiento de bienes). En personas físicas es poco frecuente porque el procedimiento favorece más al deudor cuando es voluntario. Si se inicia un concurso necesario, conviene que el deudor se persone con abogado para defender sus derechos.
El crédito público es el que ostentan las Administraciones Públicas: la AEAT (impuestos estatales), la TGSS (cuotas de Seguridad Social), ayuntamientos (IBI, Plusvalía, IAE), comunidades autónomas y otros entes. Antes de 2022 era el principal escollo para la Segunda Oportunidad. Tras la Ley 16/2022, es exonerable con límite: con cada acreedor público se exonera el 100 % de los primeros 5.000 € y el 50 % del resto, hasta un máximo de 10.000 € (art. 489.1.5.º TRLC, según la STS 260/2026, de 18 de febrero), y solo en la primera exoneración. La parte que sea crédito subordinado (recargos, intereses y sanciones que no sean muy graves) se exonera sin ese límite (STS 264/2026, de 18 de febrero).
Ver más sobre este tema →El deudor de buena fe es aquel que cumple los requisitos del art. 487 TRLC: no ha sido condenado en sentencia firme, en los 10 años anteriores, a pena privativa de libertad por los delitos del art. 487.1.1.º TRLC (cuando su pena máxima sea igual o superior a tres años); ha colaborado en el procedimiento; no ha proporcionado información falsa o engañosa; ha cumplido las obligaciones del concurso. La buena fe se presume y solo se pierde por causas tasadas legalmente.
Son exonerables: préstamos bancarios, tarjetas de crédito y revolving, microcréditos, deudas con AEAT y TGSS (desde la reforma 2022, con el límite del art. 489.1.5.º TRLC), suministros, deudas comerciales, sanciones administrativas que no sean muy graves, avales personales ejecutados. NO son exonerables, entre otras: pensiones de alimentos, multas penales, indemnizaciones por delito, sanciones administrativas muy graves (art. 489.1.6.º TRLC), el crédito público privilegiado u ordinario que exceda del límite del art. 489.1.5.º TRLC y las deudas con garantía real dentro del límite del privilegio especial (art. 489.1.8.º TRLC).
El EPI es el mecanismo legal que materializa la "Segunda Oportunidad" tras la reforma de 2022. Es la resolución de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia que cancela las deudas no satisfechas tras el procedimiento concursal, permitiendo al deudor empezar de cero. Existen dos vías, a elección del deudor (art. 486 TRLC): la "vía A" (con liquidación de la masa activa, también en el concurso sin masa, sin plan de pagos) y la "vía B" (EPI con plan de pagos y sin liquidación) para deudores con cierta capacidad económica.
Ver más sobre este tema →La insolvencia actual (art. 2 TRLC) se produce cuando el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Se acredita mediante: impagos generalizados, embargos, declaraciones del propio deudor, o cualquier hecho objetivo que demuestre la imposibilidad de pago. Es el requisito básico para acceder al concurso de persona física.
La insolvencia inminente permite iniciar el concurso ANTES de que se produzca el incumplimiento generalizado. Es muy útil para evitar embargos y la pérdida de patrimonio. El deudor que prevé razonablemente no poder pagar en los próximos meses puede solicitar el concurso voluntario para poner en marcha el procedimiento de Segunda Oportunidad antes de que la situación se agrave.
La liquidación es la fase del concurso en la que el administrador concursal realiza (vende) los bienes y derechos del deudor y aplica el dinero obtenido al pago de los créditos en el orden legal: primero contra la masa, luego privilegiados, después ordinarios y por último subordinados. En concursos sin masa, esta fase no se sustancia y se pasa directamente al EPI. Bienes inembargables (ajuar doméstico, herramientas profesionales, SMI) se preservan.
El mediador concursal era el profesional que se designaba en la fase de Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP). Su función era facilitar la negociación entre el deudor y los acreedores para alcanzar un plan de quita o espera aceptable. La Ley 16/2022, de 5 de septiembre, suprimió el AEP y, con él, ese mediador concursal: en el procedimiento vigente de Segunda Oportunidad no interviene ningún mediador concursal (el art. 702 TRLC solo lo prevé para negociar el plan de continuación de las microempresas) y todo empieza con la solicitud de concurso.
El pasivo insatisfecho es el saldo de deudas pendientes después de aplicar todos los recursos disponibles del deudor al pago de los acreedores en el procedimiento concursal. Es precisamente este pasivo el que se cancela mediante el EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho), permitiendo al deudor empezar de cero sin estas deudas.
Las personas especialmente relacionadas con el deudor persona natural (art. 282 TRLC) son, entre otras: cónyuge, parejas de hecho, ascendientes, descendientes y hermanos del deudor o de su cónyuge; las personas jurídicas controladas por el deudor o por esas personas; y quien conviva con él con análoga relación de afectividad o haya convivido habitualmente con él en los dos años anteriores a la declaración de concurso. Sus créditos quedan, por regla general, subordinados al final del orden de cobro y son exonerables, salvo los excluidos por el art. 489.1 TRLC; los créditos por alimentos no se subordinan: son créditos contra la masa y no se exoneran (arts. 281.2.1.º y 489.1.3.º TRLC).
El plan de pagos es el mecanismo de la "vía B" del EPI: el deudor propone pagar parte de la deuda durante 3 años, con carácter general, o durante 5 años cuando no se realiza la vivienda habitual o cuando los pagos dependen exclusiva o fundamentalmente de la evolución de su renta y recursos (art. 497 TRLC), a cambio de la exoneración del resto. Aplica cuando el deudor tiene cierta capacidad económica futura. Lo aprueba el juez tras audiencia de los acreedores. Si el deudor cumple el plan, las deudas restantes quedan exoneradas.
Ver más sobre este tema →El RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas) es un fichero gestionado por el sector bancario que recoge impagos de efectos comerciales: cheques, pagarés y letras de cambio. Es complementario a ASNEF. Tras el EPI, el deudor puede solicitar la cancelación de su inscripción en RAI por desaparición de la deuda subyacente.
La Ley 16/2022 de 5 de septiembre transpuso la Directiva UE 2019/1023 al ordenamiento español y reformó el TRLC. Las novedades principales: se suprimen el AEP previo y el mediador concursal que lo dirigía, de modo que el procedimiento empieza con la solicitud de concurso; las deudas con AEAT y TGSS son exonerables con el límite del art. 489.1.5.º TRLC; se simplifica el procedimiento del concurso sin masa; se introduce el procedimiento especial para microempresas (arts. 685 y ss. TRLC); mejoran las garantías del deudor en la fase de liquidación.
El Registro Público Concursal (RPC) es la base de datos centralizada gestionada por el Ministerio de Justicia que publica las resoluciones de todos los concursos de acreedores en España. Es de acceso público en publicidadconcursal.es. La inscripción en el RPC NO genera antecedentes penales ni afecta al empleo público o privado del deudor.
La revocación del EPI (art. 493 TRLC) puede pedirla cualquier acreedor afectado si se acredita que el deudor ocultó bienes, derechos o ingresos; si en los 3 años siguientes mejora sustancialmente su situación económica por herencia, legado, donación o juego; o si en ese plazo recae sentencia condenatoria o resolución administrativa firme en un procedimiento de los previstos en el art. 487.1.1.º y 2.º TRLC que ya estaba en tramitación al solicitar la exoneración. No puede solicitarse pasados 3 años desde la exoneración con liquidación, o desde la exoneración provisional si hay plan de pagos. Revocada la exoneración, según el caso se reabre el concurso o los acreedores recuperan sus acciones frente al deudor (art. 493 ter TRLC). Por eso es esencial actuar con total transparencia durante el procedimiento.
La ley permite solicitar el EPI por segunda vez, pero con limitaciones (art. 488 TRLC): tras una exoneración con liquidación de la masa activa deben transcurrir al menos 5 años desde la resolución que la concedió; tras una exoneración con plan de pagos, al menos 2 años desde la exoneración definitiva. Además, las nuevas solicitudes no alcanzan en ningún caso al crédito público.
El Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020 de 5 de mayo y reformado por la Ley 16/2022, es la norma básica del derecho concursal español. Regula tanto el concurso de empresas como el procedimiento de Segunda Oportunidad para personas físicas. La denominación "Ley de Segunda Oportunidad" (Ley 25/2015) ha quedado integrada en el TRLC tras la refundición de 2020.
La vía A del EPI permite la exoneración del pasivo insatisfecho tras la liquidación de la masa activa, o en el concurso sin masa, sin someterse a un plan de pagos posterior. No exige carecer de capacidad económica futura: el deudor puede elegirla aunque tenga ingresos (art. 486 TRLC). Es la vía más rápida y, en la práctica, la elegida por la mayoría de deudores sin patrimonio relevante.
La vía B del EPI condiciona la exoneración al cumplimiento de un plan de pagos en un plazo de 3 o 5 años (art. 497 TRLC). Aplica cuando el deudor tiene cierta capacidad económica futura. Si el plan se cumple, las deudas restantes quedan exoneradas; si se incumple sin causa justificada, la exoneración se revoca.
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