Requisitos de la Ley de
Segunda Oportunidad 2026
— ¿Puedes Solicitarla?

Son cinco y están en el texto refundido de la Ley Concursal (TRLC): (1) ser persona natural, sea o no empresario (art. 486); (2) estar en situación de insolvencia actual o inminente, que es el presupuesto del concurso (art. 2); (3) no tener, en los diez años anteriores, las condenas penales ni las sanciones administrativas que enumera el art. 487.1.1.º y 2.º; (4) que el concurso no sea declarado culpable y haber colaborado e informado con veracidad (art. 487.1.3.º a 6.º); y (5) si ya se obtuvo antes una exoneración, que hayan pasado dos años si fue con plan de pagos o cinco años si fue con liquidación (art. 488). Ya no se exige intentar antes un acuerdo extrajudicial de pagos: lo suprimió la Ley 16/2022.

Los antecedentes por delitos distintos de los que enumera el art. 487.1.1.º TRLC no impiden la exoneración. Ese artículo solo excluye a quien, en los diez años anteriores a la solicitud, haya sido condenado en sentencia firme a penas privativas de libertad por delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, siempre que la pena máxima señalada al delito sea igual o superior a tres años. La exclusión tampoco opera si, al presentar la solicitud, se ha extinguido la responsabilidad criminal y se han pagado las responsabilidades pecuniarias derivadas del delito.

No. El acuerdo extrajudicial de pagos y la figura del mediador concursal fueron suprimidos por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre. Desde entonces no existe ninguna fase previa de negociación, ni obligatoria ni opcional: el procedimiento empieza con la solicitud de concurso ante el juzgado y la exoneración se pide dentro del propio concurso (arts. 486 y siguientes TRLC).

Los arts. 486 a 489 TRLC, que regulan quién puede obtener la exoneración y qué deudas alcanza, no fijan ningún importe mínimo ni máximo de deuda.

Sí. La hipoteca es una deuda garantizada que se trata de forma especial, pero no impide solicitar la LSO: la deuda con garantía real no se exonera dentro del límite del privilegio especial (art. 489.1.8.º TRLC). Para conservar la vivienda, la ley prevé la exoneración con un plan de pagos de cinco años sin realizar la vivienda habitual (arts. 486.1.º y 497.2.1.º TRLC).

Sí, pero con un límite. El art. 489.1.5.º TRLC permite exonerar la deuda con la Agencia Tributaria hasta un máximo de 10.000 €: íntegros los primeros 5.000 € y el 50 % del resto; y lo mismo con la Seguridad Social. El Tribunal Supremo (sentencias 260/2026 y 264/2026, de 18 de febrero de 2026, ECLI:ES:TS:2026:436 y ECLI:ES:TS:2026:440) aplica ese límite a cada administración acreedora por separado, también a las autonómicas, provinciales y locales, y considera exonerado sin ese límite el crédito público subordinado. El crédito público solo se exonera en la primera exoneración (art. 489.3 TRLC).

El art. 487.1.2.º TRLC excluye a quien, en los diez años anteriores a la solicitud, haya recibido un acuerdo firme de derivación de responsabilidad, salvo que la haya pagado íntegramente. Pero la sentencia del Tribunal Supremo 264/2026, de 18 de febrero de 2026 (ECLI:ES:TS:2026:440), declara que, mientras no conste acreditado que la derivación trae causa de una conducta fraudulenta del administrador equiparable a las que merecen sanción por infracción muy grave, esa causa de exclusión carece de la debida justificación y no se aplica. Hay que examinar el acuerdo de derivación concreto.

Depende de cómo se obtuvo la anterior (art. 488 TRLC): dos años desde la exoneración definitiva si fue mediante plan de pagos, y cinco años desde la resolución que la concedió si fue con liquidación de la masa activa. Además, las nuevas solicitudes no alcanzan en ningún caso al crédito público (art. 488.3 TRLC).

La exoneración solo beneficia al deudor que la obtiene. Si el matrimonio está en gananciales u otro régimen de comunidad sin liquidar, la exoneración de las deudas gananciales no se extiende al cónyuge mientras no obtenga él mismo la exoneración (art. 491 TRLC). Tampoco beneficia a fiadores, avalistas ni obligados solidarios, a quienes el acreedor puede seguir reclamando (art. 492.1 TRLC).