EPI vs AEP. El EPI sigue vigente; el AEP se suprimió en 2022

El EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho) es la resolución judicial que cancela las deudas que quedan sin pagar tras el concurso. Es el objetivo final de la Ley de Segunda Oportunidad: una vez concedido, las deudas exonerables se extinguen, con las excepciones del art. 489 TRLC y sin perjuicio de su revocación en los supuestos del art. 493 TRLC. El término EPI sustituye al antiguo BEPI tras la reforma del TRLC de 2022.

El AEP (Acuerdo Extrajudicial de Pagos) era una fase de negociación previa al concurso, con intervención de un mediador concursal, en la que se intentaba un acuerdo de pagos con los acreedores. La Ley 16/2022, de 5 de septiembre, lo suprimió junto con el mediador concursal que lo dirigía. Hoy no existe.

No: el AEP ya no existe. La Ley 16/2022 lo suprimió y, desde su entrada en vigor el 26 de septiembre de 2022, el procedimiento empieza con la solicitud de concurso. No hay fase previa de acuerdo extrajudicial, ni obligatoria ni opcional.

Por una de las dos vías del art. 486 TRLC. Con plan de pagos, sin previa liquidación de la masa activa: la solicitud puede presentarse en cualquier momento antes de que el juez acuerde la liquidación (art. 495.2 TRLC) y el plan dura tres años con carácter general, o cinco en los casos del art. 497.2 TRLC. O con liquidación de la masa activa, que comprende también el concurso sin masa (arts. 501 y 502 TRLC).

No en la Segunda Oportunidad. La Ley 16/2022 suprimió el acuerdo extrajudicial de pagos y el mediador concursal que lo dirigía; hoy el art. 702 TRLC solo prevé un mediador concursal para negociar el plan de continuación de las microempresas.

Las que enumera el art. 489.1 TRLC: entre otras, las deudas por alimentos, la responsabilidad civil derivada de delito y las deudas con garantía real dentro del límite del privilegio especial. Los créditos de Derecho público se exoneran con el límite del art. 489.1.5.º TRLC: las deudas gestionadas por la Agencia Tributaria, hasta un máximo de 10.000 euros por deudor (los primeros 5.000 euros íntegros y, a partir de esa cifra, el 50 % hasta ese máximo), y las de Seguridad Social por el mismo importe y en las mismas condiciones. El Tribunal Supremo, en la STS 264/2026, de 18 de febrero (ECLI:ES:TS:2026:440), ha interpretado que ese límite se aplica a cada acreedor de Derecho público y que los créditos públicos subordinados quedan afectados por la exoneración.