Registro de alquileres de corta duración en Canarias 2026

¿Qué anuló exactamente el Tribunal Supremo?

El Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, hizo dos cosas. Creó un procedimiento de registro único de arrendamientos, tramitado por el Registro de la Propiedad, que asignaba a cada vivienda o habitación un número (el NRUA), y sin ese número no se podía ofrecer en una plataforma un alquiler de corta duración, turístico o de temporada (arts. 5, 8, 9 y 10.6). También creó la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos (art. 7), la pasarela por la que las plataformas envían datos a la Administración.

La Sala Tercera del Supremo estimó, en todo o en parte, tres recursos contra el real decreto:

Sobre el mismo real decreto constan también las sentencias de 27 de mayo (ECLI:ES:TS:2026:2350) y de 4 de junio de 2026 (ECLI:ES:TS:2026:2358).

Los fallos de 19 de mayo y de 1 de junio anulan el procedimiento de registro único y la obligación de inscribirse en el Registro de la Propiedad para obtener el número. En concreto, caen los artículos 5, 8, 9 y 10; el 12.b) y c); la disposición adicional segunda; el artículo 2.f) e i); y, en lo que se refiere al registro, los artículos 1, 2.j) y 6 y la disposición final primera. También caen «cualesquiera otras previsiones o menciones referidas al registro único».

La razón es de competencia. Según la sentencia de 19 de mayo, la inscripción que permite anunciar en línea una vivienda de corta duración tiene que ver con la vivienda y el turismo, materias de las comunidades autónomas, y la competencia estatal sobre los registros públicos (art. 149.1.8.ª de la Constitución) no la ampara. El Reglamento (UE) 2024/1028 no obliga a crear un registro nacional. Lo que prohíbe es que una misma unidad quede sujeta a más de un procedimiento de registro (art. 4.3.d), y en España ya había registros autonómicos para el alquiler turístico.

Cuando se anula un reglamento, la anulación vale para todos desde que el BOE publica el fallo (art. 72.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, LJCA): en este caso, desde el 8 de junio de 2026.

¿Qué sigue en vigor tras las sentencias?

La Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. El Supremo la separa del registro: su regulación y las obligaciones de las plataformas de transmitir datos caben en la competencia estatal de coordinación. También se mantiene, por la competencia estatal en estadística, el envío de datos al INE y a Eurostat (art. 11 del real decreto).

Por encima del real decreto está el Reglamento (UE) 2024/1028, aplicable desde el 20 de mayo de 2026 y obligatorio en España sin necesidad de ley nacional (art. 19). Para quien anuncia en una plataforma:

• La plataforma le pide que declare si la vivienda está en una zona con procedimiento de registro. Si lo está, le exige el número y lo muestra en el anuncio (art. 7.1).
• La plataforma comprueba al azar esas declaraciones e informa a la autoridad de las incorrectas (art. 7.1.c y 7.2).
• Cuando la vivienda está en una zona incluida en la lista del art. 13, la plataforma envía cada mes a la ventanilla las noches alquiladas, los huéspedes, el número de registro, la dirección y la dirección web del anuncio (art. 9).

El Real Decreto-ley 29/2026, pendiente de convalidación, añadió a la LAU un título V que sanciona a las plataformas que incumplan esas obligaciones de datos (art. 38 LAU). Sus multas se detallan más abajo.

¿Necesito número de registro para un alquiler de temporada en Canarias?

Hoy, no. El número estatal está anulado y el despacho no ha localizado ninguna norma canaria que cree un registro para el alquiler de temporada, que desde el 8 de octubre de 2026 la ley llama arrendamiento de vivienda temporal (art. 2.3 LAU). La LAU deja a salvo lo que regulen las comunidades autónomas sobre vivienda temporal y habitaciones (disposición adicional duodécima); si Canarias crea un registro propio, la respuesta cambiará.

Eso no convierte cualquier estancia en temporada. El contrato temporal exige una causa real y acreditable escrita en el contrato (art. 7.2 LAU) y una duración de más de 31 días (art. 9 bis LAU), así que una estancia de una semana no puede ser temporal. La cesión de una vivienda amueblada comercializada en canales turísticos y sometida a la normativa turística queda fuera de la LAU y no puede superar los 31 días (art. 5.e LAU). En Canarias esa cesión se rige por la Ley 6/2025 y sí necesita número. La frontera está explicada en alquiler de 31 días o menos en Canarias, y el contrato, en alquiler de temporada en Canarias.

Si Airbnb, Booking u otra plataforma te pide un número para un anuncio de temporada, su formulario debe permitirte declarar si la vivienda está o no en una zona con procedimiento de registro (art. 7.1.a del Reglamento europeo).

El alquiler de larga duración nunca necesitó número. El real decreto preveía un número voluntario para él (disposición adicional segunda), y también se ha anulado.

¿Qué pasa con el NRUA que ya obtuve y con el modelo informativo anual?

Quien tenía número debía presentar cada doce meses un modelo informativo con la lista anonimizada de sus contratos y la finalidad de cada uno (art. 10.4 del real decreto). La Orden VAU/1560/2025 aprobó ese modelo y fijó su presentación en el Registro durante el mes de febrero de cada año; la primera, con los contratos de 2025, correspondía a febrero de 2026.

El artículo 10 está anulado con efectos generales desde el 8 de junio de 2026. La orden no se ha derogado expresamente y el BOE la sigue mostrando vigente, pero desarrolla un precepto anulado. A juicio del despacho, la presentación de febrero de 2027 queda sin base: no ha encontrado en el BOE una norma que la sustituya. Conviene confirmarlo antes de esa fecha.

Los fallos publicados en el BOE no dicen qué ocurre con las notas marginales que el Registro de la Propiedad ya practicó. El número ya no es requisito para anunciar, y nunca sustituyó al registro turístico canario.

Anular un reglamento no deja sin efecto por sí solo los actos administrativos firmes que lo aplicaron antes de que la anulación tuviera efectos generales, salvo las sanciones que aún no se hayan ejecutado por completo, que pueden quedar excluidas o reducidas (art. 73 LJCA). Si te retiraron un anuncio o te abrieron un expediente por no tener el número, revisa las fechas y el estado del procedimiento.

¿Qué registro necesita una vivienda vacacional en Canarias?

El Registro General Turístico de la Comunidad Autónoma de Canarias. El procedimiento tiene tres pasos:

1. Antes de empezar, el titular de la vivienda, o quien la explote por encargo del propietario, presenta una declaración responsable ante el cabildo de la isla (art. 7.1 de la Ley 6/2025). La acompañan, entre otros documentos, una memoria de la actividad firmada por personal competente, el certificado de la comunidad de propietarios si la vivienda está en propiedad horizontal y la cédula urbanística que acredite que el planeamiento permite el uso turístico (art. 7.7).
2. Con la declaración y toda la documentación presentadas, la actividad puede empezar ese mismo día. El cabildo la inscribe de oficio en el Registro General Turístico (art. 8.1).
3. La inscripción lleva un número de registro y se notifica al interesado, al ayuntamiento y al Registro de la Propiedad. Ese número debe aparecer en cualquier anuncio, en plataformas digitales o en cualquier otro medio (art. 8.6).

Anunciar la vivienda sin ese número, o sin indicarlo, es infracción muy grave. Los requisitos de fondo, el régimen transitorio y los límites urbanísticos están en la guía de la Ley 6/2025.

¿Qué debe decir el anuncio de un alquiler desde el 8 de octubre de 2026?

El artículo 20 del Real Decreto-ley 29/2026, pendiente de convalidación, exige que toda oferta o publicidad de arrendamiento sea veraz y transparente, sin omitir información relevante, y que incluya al menos:

• el índice de referencia del precio, si la vivienda está en una zona de mercado residencial tensionado;
• el límite de renta aplicable, donde la renta esté limitada por ley;
• el número, código o título identificativo de la unidad, «cuando proceda»;
• la condición de gran tenedor del arrendador, «cuando proceda».

En Canarias no hay zonas tensionadas declaradas, así que hoy no se aplica el índice de referencia ni el límite de renta de esas zonas. Es gran tenedor quien tiene más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o más de 1.500 m² construidos de uso residencial, sin contar garajes ni trasteros, y lo acredita con certificación del Registro de la Propiedad (art. 3.k de la Ley 12/2023, en la redacción del Real Decreto-ley 29/2026).

Hay otro dato obligatorio que no viene del real decreto-ley: la calificación energética. Quien publica un anuncio de alquiler debe incluirla, y el certificado solo es válido si está registrado (arts. 6.6, 15.2 y 17.3 del Real Decreto 390/2021).

Comprobación del anuncio en Canarias, a 22 de octubre de 2026:

¿Qué multas hay y quién las paga?

Depende de quién incumpla:

• Propietario o explotador de vivienda vacacional que anuncia una estancia turística sin el número del Registro General Turístico, o sin indicarlo: infracción muy grave (art. 75.16 de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias), con multa de 30.001 a 300.000 euros (art. 79.2.c).
• Propietario sin número estatal: no hay infracción, porque la obligación está anulada. El real decreto, además, nunca tuvo un régimen sancionador propio; se remitía a los existentes (disposición final cuarta).
• Plataforma que no recoge o no transmite los datos a la ventanilla con la periodicidad mensual o trimestral que corresponda: infracción muy grave (art. 40 LAU). Las multas del título V de la LAU (Real Decreto-ley 29/2026, pendiente de convalidación) son de 100.000, 500.000 y 1.000.000 euros, según la gravedad, y los responsables son las plataformas, no los propietarios (art. 38.2 LAU), sin perjuicio de las sanciones autonómicas y locales sobre la oferta y la publicidad (art. 38.1).

Qué hace el despacho

Antes de publicar, el despacho revisa qué modalidad encaja (larga duración, temporada o uso vacacional; la comparación está en alquiler vacacional, temporal o larga duración en Canarias), qué número necesita la vivienda y qué datos debe llevar el anuncio. Dentro de la gestión de alquileres lleva el contrato, la fianza y el cobro. Si hay impago, también el intento previo de acuerdo que exige la Ley Orgánica 1/2025. Los honorarios publicados del despacho son del 8 al 12 % de la renta mensual en larga duración y del 15 al 25 % de los ingresos en vacacional, según el inmueble y los servicios; el estudio inicial es gratuito y, si el inquilino deja de pagar, la reclamación y el desahucio están incluidos, sin honorarios adicionales del despacho. Los honorarios de gestión tributan por IGIC al tipo general del 7 % (art. 51.1.d de la Ley 4/2012). Para viviendas vacacionales, la Gestión Blindada incluye la revisión de la declaración responsable antes de anunciar y la defensa ante expedientes sancionadores turísticos.

Para revisar tu anuncio o tu registro, solicita una cita y el despacho te propondrá día y hora.

Fuentes

• Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos y se crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos.
• Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2026, rec. 1/143/2025 (ECLI:ES:TS:2026:2148).
• Sentencia del Tribunal Supremo 629/2026, de 21 de mayo, rec. 1/54/2025, y auto de 11 de junio de 2026 (ECLI:ES:TS:2026:2229).
• Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2026, rec. 1/144/2025 (ECLI:ES:TS:2026:2454).
• Reglamento (UE) 2024/1028, de 11 de abril de 2024, sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración (arts. 4, 7, 9 y 19).
• Orden VAU/1560/2025, de 22 de diciembre.
• Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre (art. 20).
• Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (arts. 2.3, 5.e, 7.2, 9 bis, 38 y 40, y disposición adicional duodécima).
• Ley 6/2025, de 10 de diciembre, de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas (arts. 7 y 8).
• Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (arts. 75 y 79).
• Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda (art. 3.k).
• Ley 4/2012, de 25 de junio, de Canarias, de medidas administrativas y fiscales (art. 51).
• Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
• Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (arts. 72 y 73).
• Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
• Constitución Española (arts. 78, 86 y 149.1.8.ª).