Abogado Mercantil
en Las Palmas de Gran Canaria

Antes de que haya conflicto: lo ideal es firmarlo al constituir la sociedad o cuando entra un nuevo socio o inversor. El pacto regula lo que los estatutos no suelen cubrir: qué pasa si un socio quiere salir, permanencia y no competencia, mayorías reforzadas para decisiones clave y mecanismos de desbloqueo si la junta se paraliza. Cuando el conflicto ya ha estallado, negociar un pacto es mucho más difícil y caro que haberlo firmado a tiempo.

Sí, en determinados supuestos. El más frecuente es el del art. 367 de la Ley de Sociedades de Capital: si la sociedad incurre en causa de disolución (por ejemplo, pérdidas que dejan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social) y el administrador no convoca junta en el plazo de dos meses, responde personal y solidariamente de las deudas sociales posteriores. A ello se suman las acciones social e individual de responsabilidad, la derivación de responsabilidad tributaria y la calificación culpable en un eventual concurso. Es un análisis caso por caso, y la prevención es mucho más barata que la defensa.

Depende del volumen de facturación, del riesgo de la actividad y de si hay socios. La SL separa el patrimonio personal del empresarial y facilita la entrada de socios e inversores, a cambio de más obligaciones formales y contables. Como regla orientativa, cuanto mayor es el riesgo de la actividad (deudas con proveedores, reclamaciones de clientes, financiación) más sentido tiene la SL. Estudiamos tu caso concreto y te decimos qué estructura te protege mejor.

La ley ofrece varias vías: solicitar la convocatoria de junta ante el registrador mercantil o el letrado de la Administración de Justicia, impugnar los acuerdos adoptados de forma irregular, ejercer el derecho de separación en los supuestos legales y, si la paralización de los órganos sociales es insalvable, instar la disolución de la sociedad. Cuál conviene depende del porcentaje que tengas y de lo que quieras conseguir: seguir dentro, salir bien pagado o forzar una solución. Antes de litigar, valoramos siempre la negociación.

Trabajamos con presupuesto por escrito antes de empezar, cerrado por actuación siempre que la naturaleza del encargo lo permite. En la primera consulta, que es gratuita, analizamos tu situación y te entregamos una propuesta con el alcance del trabajo y su coste, sin sorpresas posteriores.

Al contrario: cuanto antes, más opciones. Con carácter general, la ley concede al deudor un plazo de dos meses desde que conoce su estado de insolvencia para solicitar el concurso, y la comunicación de preconcurso permite ganar tiempo para negociar con los acreedores mientras se suspende ese deber, lo que reduce riesgos de responsabilidad para el administrador. La experiencia como administración concursal nos enseña qué revisa un juzgado cuando una empresa cae, y esa experiencia se aprovecha mucho más actuando pronto que tarde.