Silencio administrativo: la Administración no responde, ¿qué haces?
Si presentaste una solicitud y la Administración no te ha respondido, el silencio administrativo te da derechos. Te explicamos cuándo es positivo, cuándo negativo y cómo actuar.
Abogado · Administrador de Fincas · Administrador Concursal
Col. n.º 5.231 ICALPA · Las Palmas de Gran Canaria · 6 min de lectura
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El silencio administrativo se produce cuando la Administración no resuelve en el plazo legal (3 meses cuando la norma del procedimiento no fija otro, art. 21.3 de la Ley 39/2015). Puede ser positivo (se entiende estimada) o negativo (se entiende denegada) según el tipo de procedimiento. Con silencio negativo, el interesado puede recurrir en vía administrativa o contencioso-administrativa ante el tribunal competente: el art. 46.1 de la LJCA fija 6 meses, pero el Tribunal Constitucional (STC 52/2014) declaró que la desestimación por silencio no está sujeta a ese plazo de caducidad.
Cuando la Administración desaparece: el silencio administrativo
Presentas una solicitud, pagas las tasas, aportas la documentación. Y entonces... nada. Semanas, meses sin respuesta. La Administración no te resuelve, no te pide más documentos, simplemente no contesta.
Esto tiene nombre jurídico, silencio administrativo, y tiene consecuencias legales concretas que puedes usar a tu favor.
Cómo funciona el silencio administrativo
La Ley de Procedimiento Administrativo Común (LPAC) obliga a la Administración a resolver en plazo. Cuando no lo hace, se producen efectos jurídicos automáticos en función del tipo de procedimiento.
Silencio positivo: la solicitud se entiende aprobada
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, si la Administración no resuelve en plazo, el silencio es positivo por regla general. Esto significa que tu solicitud se entiende estimada.
Ejemplos habituales de silencio positivo:
- Autorizaciones para acceder a una actividad o ejercerla, salvo que una ley establezca lo contrario (art. 24.1 de la Ley 39/2015)
- Licencias urbanísticas en Canarias fuera de los supuestos de silencio negativo, si lo pedido no contraviene de forma manifiesta la legalidad urbanística (art. 345 de la Ley 4/2017)
- Recurso de alzada contra una desestimación por silencio que tampoco se resuelve en plazo (art. 24.1)
Silencio negativo: la denegación presunta
Hay procedimientos donde la ley expresamente establece que el silencio es negativo. Esto es más frecuente en:
- Recursos administrativos: si recurres una sanción y la Administración no responde, se entiende desestimado
- Licencias de obras de edificación y movimientos de tierras en Canarias (art. 344 de la Ley 4/2017, que recoge el silencio negativo de la legislación estatal de suelo)
- Autorizaciones que afecten al dominio público
- Devolución de ingresos indebidos tributarios (6 meses, art. 19.3 del RD 520/2005) y solicitudes de subvención (art. 25.5 de la Ley General de Subvenciones)
- Reclamaciones de responsabilidad patrimonial y ejercicio del derecho de petición
En estos casos, el silencio negativo te da derecho a recurrir.
Cómo acreditar el silencio administrativo
A diferencia de una resolución expresa, el silencio no genera un documento oficial. Para acreditarlo necesitas:
- El acuse de recibo de tu solicitud (registro de entrada, sello en copia, correo certificado)
- El cálculo del plazo legal aplicable
- Documentación que acredite que no has recibido resolución alguna
Con estos elementos, puedes:
- Solicitar a la propia Administración el certificado acreditativo del silencio, que debe expedir en 15 días (art. 24.4 de la Ley 39/2015)
- Interponer el recurso correspondiente acreditando el silencio
Qué puedes hacer ante el silencio
Si el silencio es positivo
Tienes un derecho reconocido. Pero la Administración puede dictar resolución expresa tardía intentando revocar ese reconocimiento. Conviene:
- Documentar bien el silencio positivo antes de actuar sobre él
- Si la Administración intenta revocar, impugnar esa resolución tardía
Si el silencio es negativo
El silencio abre la vía de recurso. Los pasos habituales son:
1. Recurso de alzada o reposición (vía administrativa) Si la resolución emana de un órgano subordinado, el recurso se interpone ante el superior jerárquico. Si viene del órgano superior, el recurso es de reposición ante el mismo órgano.
2. Recurso contencioso-administrativo (vía judicial) Si el recurso administrativo tampoco prospera (o tampoco se resuelve), se interpone demanda ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia (antes Juzgado) o la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente. Este es el recurso definitivo.
El art. 46.1 de la LJCA fija un plazo de 6 meses desde que se produce el acto presunto, pero, según el Tribunal Constitucional (STC 52/2014), la desestimación por silencio no está sujeta a ese plazo de caducidad mientras la Administración no dicte resolución expresa.
Casos frecuentes en Canarias
Licencias de actividad
En Canarias, muchas licencias de actividad están sometidas a procedimientos de declaración responsable o comunicación previa que no requieren autorización expresa. Pero cuando sí se requiere licencia, los Ayuntamientos frecuentemente incumplen los plazos.
Autorizaciones turísticas
La regulación del alquiler vacacional en Canarias ha generado numerosos procedimientos donde los interesados esperan meses sin respuesta de los Cabildos o del Gobierno de Canarias.
Recursos tributarios ante Hacienda Canaria
Las reclamaciones económico-administrativas ante la Junta Económico-Administrativa de Canarias (competente en los tributos propios y en los derivados del REF, como el IGIC; arts. 29 y 30 de la Ley 9/2006) tienen plazos de resolución que con frecuencia se incumplen.
Para otras situaciones frente a la Administración, como recurrir una multa de tráfico, el procedimiento tiene sus propias particularidades.
La importancia de los plazos en el recurso contencioso
El recurso contencioso-administrativo tiene plazos muy estrictos: 2 meses desde la notificación de la resolución expresa (art. 46.1 LJCA). Pasado ese tiempo, el derecho a recurrir se pierde definitivamente. Frente al silencio negativo la ley habla de 6 meses, aunque el Tribunal Constitucional (STC 52/2014) entiende que ese plazo no opera como caducidad mientras no haya resolución expresa.
Por eso es fundamental consultar con un abogado tan pronto como la Administración incumpla el plazo, sin esperar a que la situación se consolide.
ALY Abogados: recursos contencioso-administrativos en Canarias
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Preguntas frecuentes
¿Qué es el silencio administrativo positivo?
Cuando la Administración no responde en el plazo legal y la normativa establece que el silencio tiene efectos estimatorios, la solicitud se entiende aprobada. Es la regla general en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado (art. 24.1 de la Ley 39/2015). Sin embargo, hay excepciones importantes donde el silencio es negativo.
¿Cuánto tiempo tiene la Administración para resolver?
El plazo general es de 3 meses desde que la solicitud entra en el registro de la Administración competente (art. 21.3 de la Ley 39/2015), salvo que la normativa específica establezca otro plazo. Algunas materias tienen plazos distintos: procedimientos tributarios (6 meses, art. 104.1 LGT), urbanismo (varía según comunidad autónoma), etc.
¿Puedo recurrir aunque la Administración no haya respondido?
Sí. El silencio negativo abre la vía de recurso como si hubiera denegación expresa. Puedes interponer recurso de alzada o reposición (según el órgano), y si tampoco hay respuesta, recurso contencioso-administrativo ante el tribunal competente.
¿El silencio positivo me da todos los derechos que pedí?
En principio sí, pero con matices. La resolución expresa posterior solo puede ser confirmatoria del silencio (art. 24.3 de la Ley 39/2015). Además, el silencio positivo no puede reconocer derechos contrarios al ordenamiento jurídico: si lo pedido era ilegal y faltan los requisitos esenciales, el acto presunto es nulo de pleno derecho (art. 47.1.f) y el silencio no lo legaliza.
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