Inspección de Hacienda: Derechos del Contribuyente y Cómo Defenderse

Qué es una inspección tributaria y en qué se diferencia de otros procedimientos

La inspección tributaria es el procedimiento más intenso de los que puede iniciar la Agencia Tributaria. Su finalidad es comprobar e investigar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias y, en su caso, regularizar la situación del obligado tributario mediante una liquidación.

Conviene distinguirla de otros procedimientos más habituales:

• La comprobación limitada: facultades más reducidas, solo puede examinar la contabilidad para constatar que coincide con la información que ya tiene la Administración (art. 136.2.c LGT, tras la Ley 13/2023), se limita a documentos concretos y tiene un plazo más breve.
• El requerimiento informativo: solicitud puntual de datos o documentos, sin carácter de comprobación.
• La verificación de datos: contraste de la autoliquidación con datos ya en poder de la Administración.

La inspección, en cambio, puede revisar la contabilidad completa, personarse en los locales del contribuyente (para entrar en un domicilio constitucionalmente protegido necesita su consentimiento o autorización judicial, art. 113 LGT), requerir información a terceros y levantar actas con propuesta de liquidación. Su inicio interrumpe la prescripción de los ejercicios incluidos en el alcance (art. 68.1.a LGT).

Cómo comienza una inspección: la comunicación de inicio

El procedimiento inspector se inicia mediante una comunicación formal notificada al contribuyente. Esa comunicación debe indicar, en general:

• Los impuestos y ejercicios objeto de comprobación.
• El alcance de las actuaciones (general o parcial).
• El lugar y fecha de la primera comparecencia.

El plazo legal para concluir la inspección es de 18 meses desde la notificación de inicio. Es de 27 meses cuando la cifra anual de negocios del obligado es igual o superior a la que obliga a auditar cuentas, cuando forma parte de un grupo en consolidación fiscal o en el régimen de grupo de entidades que esté siendo inspeccionado, o cuando se comprueba el Impuesto Complementario (art. 150.1 LGT). El plazo solo se suspende en los supuestos tasados del art. 150.3 LGT y se extiende cuando el contribuyente solicita días sin actuaciones (hasta 60 días naturales en todo el procedimiento) o aporta tarde la documentación requerida (art. 150.4 y 5 LGT).

La fecha de la comunicación de inicio es crítica: a partir de ella se interrumpe la prescripción de los ejercicios inspeccionados y el contribuyente ya no puede regularizar esos periodos con una declaración complementaria que evite la sanción (los recargos del art. 27 LGT exigen que no haya requerimiento previo).

Derechos del contribuyente durante la inspección

La Ley General Tributaria (LGT), que integró y derogó el antiguo Estatuto del Contribuyente (Ley 1/1998), reconoce en su art. 34 un conjunto de derechos que la Administración está obligada a respetar. Entre los más relevantes:

Asistencia letrada desde el inicio

El contribuyente puede actuar asistido o representado por un asesor fiscal o abogado tributarista en cualquier fase del procedimiento, incluyendo las diligencias de comparecencia (art. 46 LGT y art. 112.7 del RD 1065/2007). Atender la citación y los requerimientos sí es obligatorio (art. 142.3 LGT), pero puede pedirse una ampliación del plazo para aportar documentación (hasta la mitad del plazo inicial) y, con causa justificada, el aplazamiento de la comparecencia (art. 91 del RD 1065/2007), lo que da margen para consultar antes con un profesional.

Ser informado del alcance de las actuaciones

La Administración debe comunicar con claridad qué impuestos y qué ejercicios se están revisando. Si el alcance es parcial (por ejemplo, solo el IS de 2023), la inspección no puede extenderse a otros tributos o períodos sin un acuerdo motivado de ampliación que se le comunique (art. 178.5 del RD 1065/2007).

No aportar lo que ya obra en poder de la Administración

El contribuyente puede rehusar la presentación de documentos que no sean exigibles por la normativa tributaria y de los que él mismo ya haya presentado y estén en poder de la Administración actuante, indicando el día y el procedimiento en que los presentó (arts. 34.1.h y 99.2 LGT). Este derecho no alcanza a los datos que Hacienda haya obtenido de terceros. En la práctica, es frecuente que resulte conveniente aportar esa documentación para aclarar el contexto.

Derecho a la confidencialidad

Los datos obtenidos en el procedimiento inspector tienen carácter reservado y no pueden cederse a terceros salvo en los casos previstos por la ley (colaboración entre Administraciones, procesos penales, etc.).

Presunción de inocencia

La LGT vigente ya no recoge de forma expresa una presunción de buena fe, pero solo hay infracción tributaria si la conducta es dolosa o culposa (art. 183.1 LGT) y en materia sancionadora rige la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). La Administración debe probar la existencia de infracción; no corresponde al contribuyente demostrar su inocencia.

Documentación que puede solicitar Hacienda

Durante la inspección, el actuario puede requerir una amplia variedad de documentos. Los más habituales son:

• Libros contables obligatorios: diario, inventarios, cuentas anuales.
• Libros registro de IVA o IGIC (facturas emitidas y recibidas).
• Facturas, contratos, albaranes y demás documentación de soporte de las operaciones.
• Extractos bancarios de todas las cuentas vinculadas a la actividad.
• Correos electrónicos y comunicaciones internas relacionadas con operaciones relevantes.
• Documentación de operaciones vinculadas (precios de transferencia) si la empresa pertenece a un grupo.

La negativa injustificada a aportar documentación requerida puede constituir infracción tributaria. No obstante, existe el derecho a oponerse a requerimientos que superen el alcance declarado o que afecten a información de clientes amparada por el secreto profesional (art. 93.5 LGT; el profesional no puede invocarlo para impedir la comprobación de su propia situación tributaria).

Tipos de actas: conformidad, disconformidad y acuerdo

Concluidas las actuaciones de comprobación, el inspector elabora una propuesta de regularización que se formaliza en un acta. Existen tres modalidades:

Acta de conformidad

El contribuyente acepta la propuesta del inspector. A cambio, se aplica una reducción del 30% sobre la sanción que, en su caso, pudiera imponerse (art. 188.1.b LGT). La liquidación se entiende dictada y notificada si en el plazo de un mes desde el acta no se notifica otro acuerdo (art. 156.3 LGT), y las posibilidades de impugnación posterior quedan muy limitadas: los hechos aceptados solo pueden rectificarse probando un error de hecho (art. 144.2 LGT) y recurrir la regularización hace perder la reducción. Antes de firmar, es imprescindible revisar minuciosamente el contenido con un asesor, porque los errores de cálculo o de calificación jurídica que se acepten en el acta son muy difíciles de corregir después.

Acta de disconformidad

El contribuyente no acepta la propuesta. El inspector emite el acta con su propuesta, el contribuyente presenta alegaciones en el plazo de 15 días (art. 157.3 LGT), y la Administración dicta la liquidación que proceda, que puede recurrirse por las vías ordinarias. Esta modalidad conserva todas las opciones de defensa posteriores.

Acta con acuerdo

Se alcanza un acuerdo negociado entre el contribuyente y la Administración sobre aspectos inciertos (valoraciones, calificaciones jurídicas dudosas). La reducción de la posible sanción es del 65% (art. 188.1.a LGT, tras la Ley 11/2021), exige constituir depósito, aval o seguro de caución (art. 155.3 LGT) y la liquidación solo puede impugnarse por causas muy tasadas (art. 155.6 LGT). Es una opción útil cuando existe incertidumbre real sobre la interpretación aplicable, pero requiere que ambas partes estén dispuestas a ceder en sus posiciones.

Cómo recurrir una liquidación tributaria

Si el resultado de la inspección es una liquidación con la que no se está de acuerdo, existen varias vías de impugnación:

Recurso de reposición

Plazo de un mes desde la notificación de la liquidación. Se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto. Es potestativo: puede saltarse e ir directamente a la reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa (TEAR)

Plazo de un mes. Se interpone ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR de Canarias en nuestro caso). Es gratuita y suspende automáticamente el ingreso de la deuda si se aportan garantías suficientes (en general, aval bancario o seguro de caución). El plazo legal para resolver es de un año (art. 240 LGT); transcurrido sin resolución puede entenderse desestimada para acudir a la vía siguiente, aunque en la práctica la resolución expresa puede tardar más.

Recurso contencioso-administrativo

Si el TEAR desestima la reclamación y su resolución pone fin a la vía económico-administrativa, cabe recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (art. 10.1.d LJCA). En esta fase es obligatoria la representación por procurador y la defensa por letrado (art. 23.2 LJCA).

Cuando la cuantía de la reclamación supera 150.000 € (o 1.800.000 € si se impugnan bases o valoraciones), el TEAR resuelve en primera instancia y, antes de acudir a la vía contenciosa, cabe recurso de alzada ordinario ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en el plazo de un mes (art. 241 LGT y art. 36 del RD 520/2005); en esos casos también puede reclamarse directamente ante el TEAC (art. 229.6 LGT). Por debajo de esa cuantía el TEAR resuelve en única instancia.

Errores frecuentes que conviene evitar

La experiencia en procedimientos de inspección revela que ciertos errores se repiten con frecuencia y pueden tener consecuencias graves:

• Firmar el acta de conformidad sin revisión: la presión del momento y el deseo de «cerrar el asunto» llevan a algunos contribuyentes a firmar sin analizar el contenido. Una vez firmada, las vías de impugnación son muy estrechas.
• No aportar documentación exculpatoria: en ocasiones, el contribuyente dispone de contratos, correos o justificantes que acreditarían la realidad de una operación cuestionada, pero no los aporta porque nadie le informa de su relevancia.
• Descuidar los ejercicios no inspeccionados: si hay ejercicios no incluidos en la inspección, conviene conservar sus pruebas mientras no prescriban y, si tienes a tu favor una devolución o una rectificación pendiente, solicitarla antes de que prescriba tu derecho (la solicitud interrumpe la prescripción, art. 68.3 LGT).
• Comparecer sin asesor en las primeras diligencias: las manifestaciones realizadas en diligencia tienen valor probatorio y pueden comprometer la defensa posterior.

Cuándo contratar un abogado tributarista

La respuesta más honesta es: desde el momento en que recibe la comunicación de inicio. Las primeras actuaciones son las que condicionan el desarrollo de todo el procedimiento. Un abogado tributarista puede ayudar a:

• Revisar el alcance de la inspección y detectar si excede sus límites legales.
• Preparar la documentación de forma estratégica.
• Redactar alegaciones técnicas frente a las propuestas del inspector.
• Negociar, en su caso, un acta con acuerdo en condiciones favorables.
• Interponer los recursos procedentes si la liquidación es desfavorable.

Esperar a que la liquidación sea firme para buscar asesoramiento tributario limita considerablemente las opciones de defensa.

Actuación de ALY Abogados ante una inspección de Hacienda

En ALY Abogados contamos con experiencia en la defensa de contribuyentes ante procedimientos de inspección de la Agencia Tributaria, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en el resto del archipiélago. Si ha recibido una comunicación de inicio de actuaciones inspectoras o una propuesta de liquidación, le recomendamos que no espere.

Puede consultar nuestros servicios de recursos ante Hacienda y defensa en inspecciones tributarias.