Recurso administrativo en Canarias: tipos, plazos y cómo presentarlo

Recurso administrativo: cómo defenderte frente a la Administración

Cuando la Administración Pública —ya sea el Ayuntamiento, el Cabildo, el Gobierno de Canarias o la Administración del Estado— te notifica una resolución que te perjudica, tienes derecho a impugnarla. El mecanismo para hacerlo es el recurso administrativo.

Conocer los tipos de recursos, sus plazos y el procedimiento puede ser la diferencia entre recuperar tu derecho o perderlo por una omisión técnica.

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Tipos de recursos administrativos

1. Recurso de reposición (potestativo)

Se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto antes de acudir a los tribunales. Es optativo: puedes utilizarlo o ir directamente al contencioso.

• Plazo: 1 mes desde la notificación del acto (para actos expresos)
• Resolución: el órgano tiene 1 mes para responder. Si no responde → silencio administrativo desestimatorio (puedes acudir al contencioso)
• Cuándo usarlo: cuando crees que el órgano puede rectificar sin necesidad de litigio. No sirve para agotar la vía administrativa: solo cabe frente a actos que ya le ponen fin (art. 123 Ley 39/2015)

2. Recurso de alzada (preceptivo)

Se interpone ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto. Es obligatorio cuando el acto no pone fin a la vía administrativa y, en ese caso, es requisito previo para acudir al contencioso (art. 121 Ley 39/2015).

• Plazo: 1 mes desde la notificación del acto
• Resolución: 3 meses para resolver. Silencio → desestimación presunta (con la salvedad de la alzada frente a un silencio previo: arts. 24.1 y 122.2 Ley 39/2015)
• Ejemplo: resolución de un órgano del Gobierno de Canarias que no agota la vía administrativa → alzada ante su superior jerárquico. Ojo: las resoluciones del Alcalde sí la agotan (art. 52.2 LBRL), así que frente a una multa municipal cabe reposición potestativa o contencioso; las sanciones tributarias se recurren en reposición o reclamación económico-administrativa (arts. 212 y 222 LGT)

3. Recurso extraordinario de revisión

Para casos muy concretos, frente a actos firmes: error de hecho que resulte del expediente, documentos nuevos de valor esencial o documentos declarados falsos por sentencia firme. Plazo: 4 años si es por error de hecho, 3 meses en el resto (art. 125 Ley 39/2015).

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El recurso contencioso-administrativo: la vía judicial

Una vez agotada la vía administrativa (o cuando la ley lo permite directamente), se puede acudir al Juzgado o Tribunal Contencioso-Administrativo.

En Canarias, la competencia se reparte entre:

• Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife (hoy Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia): asuntos de Cabildos y Ayuntamientos (salvo planeamiento), ciertos actos autonómicos (personal, sanciones hasta 60.000 €, responsabilidad patrimonial hasta 30.050 €) y, en general, de la Administración periférica del Estado (art. 8 LJCA)
• Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC): resto de actos del Gobierno de Canarias, disposiciones generales autonómicas y locales y resoluciones de los tribunales económico-administrativos regionales (art. 10 LJCA)

Plazo para interponer el recurso contencioso: 2 meses

Desde la notificación del acto que pone fin a la vía administrativa, o desde que se notifica la desestimación del recurso previo.

Es uno de los plazos más importantes del derecho administrativo. Transcurrido, el acto deviene firme e inatacable.

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Situaciones más frecuentes en Canarias

Multas y sanciones administrativas

• Multas de tráfico (DGT, Ayuntamientos)
• Sanciones de Hacienda (AEAT, Agencia Tributaria Canaria)
• Sanciones urbanísticas por obras sin licencia
• Sanciones laborales (Inspección de Trabajo; después se impugnan, por regla general, ante la jurisdicción social: art. 2.n LRJS)
• Sanciones a establecimientos turísticos

Actos urbanísticos y de licencias

• Denegación de licencia de obra o actividad
• Órdenes de demolición o restauración de legalidad
• Expedientes de disciplina urbanística
• Expropiaciones forzosas

Actos en materia de personal y función pública

• Sanciones disciplinarias a funcionarios
• Exclusión de oposiciones o concursos
• Denegación de complementos salariales

Actos de la Seguridad Social y del SEPE

• Denegación de prestación por desempleo
• Denegación de incapacidad
• Reclamaciones de prestaciones no reconocidas

En prestaciones la vía es distinta: reclamación previa en 30 días y, después, demanda ante la jurisdicción social (arts. 2.o y 71 LRJS).

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Plazos críticos que debes conocer

Advertencia: estos plazos son de caducidad (no de prescripción), lo que significa que no se interrumpen. Su incumplimiento extingue el derecho de forma definitiva. Excepción: según el Tribunal Constitucional (STC 52/2014), la desestimación por silencio no queda sujeta a la caducidad de 6 meses, aunque es prudente no agotarlos.

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¿Cuándo necesitas un abogado para recurrir?

Para recursos administrativos (reposición y alzada), no es legalmente obligatorio un abogado, aunque sí muy recomendable para:

• Sanciones de cuantía relevante
• Actos que afecten a tu negocio o licencia de actividad
• Cuando el argumento jurídico sea complejo

Para el recurso contencioso-administrativo, es obligatorio contar con abogado (salvo los funcionarios públicos en ciertas cuestiones de personal: art. 23.3 LJCA); el procurador solo es obligatorio ante órganos colegiados (TSJ, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo), mientras que ante los Juzgados es potestativo (art. 23 LJCA).

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Suspensión del acto recurrido

Cuando se recurre, el acto administrativo no queda automáticamente suspendido: hay que cumplirlo aunque se recurra. Para suspenderlo hay que solicitarlo expresamente y el órgano puede exigir garantías (art. 117 Ley 39/2015). Excepción relevante: las sanciones no son ejecutivas mientras quepa recurso administrativo ordinario (art. 90.3).

En el contencioso-administrativo, el tribunal puede acordar la medida cautelar de suspensión si la ejecución pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso, por ejemplo por causar perjuicios de difícil reparación (art. 130 LJCA).

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ALY Abogados: recursos administrativos en Canarias

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