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Arrendamientos29 de marzo de 2026Actualizado el

Derechos del inquilino ante un desahucio en España

Derechos del inquilino ante un desahucio en España: plazo de 10 días, enervación, oposición, suspensión por vulnerabilidad y novedades del RDL 29/2026.

Lázaro Héctor Amable Méndez

Abogado · Administrador de Fincas · Administrador Concursal

Col. n.º 5.231 ICALPA · Las Palmas de Gran Canaria · 17 min de lectura

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Ante una demanda de desahucio por impago, el inquilino tiene 10 días desde el requerimiento judicial para pagar (y enervar el desahucio, si procede), desalojar u oponerse (art. 438.5 LEC), y siempre puede negociar con el arrendador. Si la vivienda es su residencia habitual, el tribunal comunica de oficio el procedimiento a los servicios sociales y, si se aprecia vulnerabilidad, puede suspenderlo hasta 2 meses (arrendador persona física) o 4 meses (persona jurídica) (art. 441.5 y 6 LEC). El día del lanzamiento se fija ya en ese requerimiento y, si hay oposición, debe tener lugar antes de 30 días desde la fecha de la vista (art. 438.6 LEC). Además, el Real Decreto-ley 29/2026, en vigor desde el 8 de octubre de 2026 y convalidado por la Diputación Permanente del Congreso el 12 de noviembre de 2026, añade medidas para hogares vulnerables sin alternativa habitacional: una enervación extraordinaria a cargo de la Administración en los desahucios por impago (nuevo art. 22.6 LEC) y, en otros casos y con excepciones, la suspensión del procedimiento, que en el supuesto general se revisa cada 12 meses (art. 2 del real decreto-ley, aplicable hasta el 31 de diciembre de 2030).

Un desahucio genera incertidumbre, sobre todo cuando está en juego la vivienda habitual. Esta guía está escrita desde el punto de vista del inquilino: qué puede hacer en cada fase, qué plazos corren y qué protecciones prevén la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, y el Real Decreto-ley 29/2026. Si ya ha recibido la demanda, puede consultar su caso con el despacho.


Qué es un desahucio y por qué causas puede pedirse

El desahucio es el procedimiento judicial con el que el arrendador recupera la posesión de la vivienda o del local que tiene alquilado. La causa que lo motiva determina qué puede alegar el inquilino y qué protecciones tiene.

Desahucio por impago de la renta o de cantidades asimiladas

Es la causa más habitual. Se produce cuando el inquilino no paga la renta o cualquier otra cantidad que haya asumido o le corresponda pagar según el contrato, como los gastos de comunidad o los suministros, o el IBI (este último, solo donde aún pueda repercutirse: el art. 20.1 LAU, en la redacción del Real Decreto-ley 29/2026, en vigor desde el 8-10-2026 y convalidado el 12-11-2026, impide imponer al inquilino los tributos de la vivienda salvo que sea el obligado tributario). Un solo impago basta para que el arrendador pueda resolver el contrato (art. 27.2.a LAU) y demandar. Lo primero que hay que revisar es si el arrendador le requirió de pago antes de demandar, porque de eso depende que pueda enervar el desahucio.

Desahucio por expiración del plazo del contrato

Cuando el contrato llega a su término, una vez agotados el plazo pactado y las prórrogas legales, y las partes no han acordado renovarlo, el propietario puede demandar el desahucio por expiración del plazo. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) fija una duración mínima y prórrogas obligatorias para el propietario, que dan al inquilino una estabilidad que debe respetarse. Revise la fecha de finalización de su contrato y los avisos de no renovación del propietario, que deben cumplir requisitos de forma y de antelación.

Recuperación de la vivienda por necesidad del arrendador

El propietario puede evitar la prórroga obligatoria si necesita la vivienda para sí, para sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción, o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial (art. 9.3 LAU). Los requisitos son estrictos. El arrendador debe ser persona física, debe haber transcurrido el primer año del contrato, la necesidad tiene que constar de forma expresa en el contrato y debe comunicarla al inquilino, especificando la causa, con al menos dos meses de antelación. Si en los tres meses siguientes a la extinción del contrato o al desalojo ni el arrendador ni el familiar o cónyuge para quien la reclamó pasan a ocuparla, el inquilino puede elegir, en un plazo de treinta días, entre volver a ella por un nuevo período de hasta cinco años o cobrar una indemnización de una mensualidad por cada año que quedara hasta completar cinco, salvo fuerza mayor.

Otras causas de resolución del contrato

El arrendador también puede resolver el contrato por otras causas que enumera el art. 27.2 LAU:

  • La falta de pago de la fianza o de su actualización.
  • El subarriendo o la cesión no consentidos.
  • Los daños causados dolosamente en la vivienda o las obras no consentidas, cuando el consentimiento del arrendador sea necesario.
  • Las actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas en la vivienda.
  • Que la vivienda deje de destinarse de forma primordial a satisfacer la necesidad de vivienda del inquilino o de quien la ocupe conforme al art. 7 LAU.

En estos supuestos la defensa depende de la prueba de cada hecho, y la sentencia de desahucio no se dicta de forma automática.

El procedimiento de desahucio por impago paso a paso

Una vez presentada la demanda ante la sección civil del Tribunal de Instancia, el inquilino entra en un procedimiento con plazos breves. Lo que haga, o deje de hacer, en los primeros días condiciona el resultado.

Qué hacer al recibir la demanda y el requerimiento

El primer aviso oficial de un desahucio suele ser la recepción de la demanda judicial, que el tribunal notifica al inquilino; en los desahucios por impago llega junto con el requerimiento para pagar, desalojar u oponerse en diez días (art. 438.5 LEC).

El requerimiento lo practica el letrado o la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) tras admitir la demanda, y le da 10 días para desalojar la vivienda, pagar, enervar el desahucio pagando o consignando todo lo que deba, u oponerse explicando por qué no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada (art. 438.5 LEC). Fija además las fechas de la vista y del lanzamiento, y le advierte de que la asistencia jurídica gratuita debe pedirse en los 3 días siguientes y de que no oponerse equivale a consentir la resolución del contrato.

Si no hace nada, el LAJ dicta decreto y el lanzamiento se practica en la fecha señalada, sin nueva notificación. Si desaloja sin pagar ni oponerse, el decreto pone fin al juicio, le impone las costas e incluye las rentas hasta la entrega de la posesión, que el arrendador puede reclamar en ejecución. Si se opone y no acude a la vista, se declara el desahucio sin más trámites (art. 438.6 LEC). Y si el arrendador ofreció en la demanda condonar toda o parte de la deuda a cambio de que deje la vivienda en un plazo no inferior a 15 días, aceptarlo equivale a allanarse (arts. 437.3 y 438.5 LEC).

Antes de demandar, el arrendador debe haber intentado una negociación previa: es un requisito para que se admita la demanda y el desahucio por impago no está exceptuado (art. 5 de la Ley Orgánica 1/2025). Guarde cualquier invitación a negociar y su respuesta, porque influyen en las costas.

Justicia gratuita y abogado de oficio

Quien no puede pagar abogado y procurador puede pedir la asistencia jurídica gratuita ante el Colegio de Abogados del lugar del tribunal que conoce del desahucio o ante el tribunal de su domicilio (art. 12.2 de la Ley 1/1996); en el desahucio, dentro de los 3 días siguientes al requerimiento. Incluye abogado y procurador de oficio cuando su intervención es preceptiva, y la asistencia de abogado en la negociación previa obligatoria (art. 6.3 y 6.11). La solicitud no suspende por sí sola el proceso, pero el LAJ puede suspenderlo hasta que se resuelva sobre el derecho o se designe provisionalmente abogado y procurador, siempre que se haya pedido en plazo (art. 16.1).

La enervación ordinaria: pagar para conservar el contrato

Enervar es pagar o consignar, dentro del plazo del requerimiento, lo reclamado en la demanda y lo que se adeude en el momento del pago. El LAJ dicta entonces decreto que pone fin al proceso y el contrato sigue vigente; si el arrendador se opone a la enervación por no cumplirse los requisitos, se celebra vista y el juez decide por sentencia (art. 22.4 LEC). Según el segundo párrafo de ese artículo, no se aplica «cuando el arrendatario hubiera enervado el desahucio en una ocasión anterior, excepto que el cobro no hubiera tenido lugar por causas imputables al arrendador, ni cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio fehaciente con, al menos, treinta días de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiese efectuado» al presentarla.

Por eso importa la fecha de cualquier burofax de reclamación: si llegó al menos 30 días antes de la demanda y no pagó antes de que se presentara, esta vía queda cerrada.

La enervación extraordinaria por vulnerabilidad económica

El Real Decreto-ley 29/2026, en vigor desde el 8-10-2026 y convalidado por la Diputación Permanente el 12-11-2026, ha añadido el art. 22.6 LEC. En los desahucios por falta de pago, acreditada la vulnerabilidad económica del inquilino, se comunica a la Administración competente, que tiene un plazo máximo e improrrogable de 2 meses para ofrecerle una alternativa habitacional adecuada o, en su defecto, pagar o consignar lo reclamado, lo devengado y las costas. Mientras tanto se suspenden el procedimiento y el lanzamiento. Si paga, la acción queda enervada y el contrato sigue. Si no hace ni lo uno ni lo otro, queda subrogada en la deuda, no hay lanzamiento y el contrato se mantiene hasta su expiración mientras dure la vulnerabilidad.

Esta enervación no cuenta como enervación anterior y cabe aunque haya habido requerimiento fehaciente. No se aplica cuando el demandante es una de las entidades del art. 2.1 del real decreto-ley, las que adquieren inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados «por un precio claramente inferior a su valor de tasación de mercado» para eludir la función social de la vivienda o maximizar su rentabilidad; para ellas rige la suspensión de ese apartado.

Motivos de oposición en el desahucio por impago

La oposición está tasada: el demandado solo puede «alegar y probar el pago o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación» (art. 444.1 LEC), además de explicar por qué no debe todo o parte de lo reclamado (art. 438.5 LEC). En la práctica, eso significa aportar los justificantes de pago, señalar los errores en el cálculo de la deuda o acreditar que no hubo requerimiento fehaciente con 30 días de antelación. También hay que revisar la demanda. Debe indicar las circunstancias que permiten o impiden la enervación, si la vivienda es la residencia habitual del ocupante y si el demandante es gran tenedor (art. 439.3 y 439.6 LEC), y su admisión exige haber intentado antes la negociación previa (art. 5 de la Ley Orgánica 1/2025).

Las demás cuestiones del contrato quedan, en principio, fuera de este juicio: la sentencia sobre el desahucio no produce cosa juzgada y pueden plantearse después, aunque lo que resuelva sobre las rentas reclamadas sí la produce (art. 447.2 LEC).

Cuándo son obligatorios abogado y procurador

En un juicio verbal, la excepción que permite comparecer sin ellos se limita a los que se tramitan por razón de la cuantía, cuando esta no excede de 2.000 euros (arts. 23.2.1.º y 31.2.1.º LEC). El desahucio por impago se tramita por razón de la materia, «cualquiera que sea su cuantía» (art. 250.1.1.º LEC), así que para oponerse necesita abogado y procurador.

Protección del inquilino vulnerable

Comunicación a los servicios sociales y suspensión de hasta dos o cuatro meses

Si la vivienda es su residencia habitual, el decreto de admisión le indica cómo contactar con las Administraciones de vivienda y servicios sociales, y el tribunal les comunica de oficio el procedimiento. Si confirman la vulnerabilidad, lo notifican en un plazo máximo de 10 días (art. 441.5 LEC), y el tribunal decide por auto si suspende el proceso, como máximo 2 meses si el demandante es persona física o 4 meses si es persona jurídica (art. 441.6 LEC). Para valorar la vulnerabilidad económica puede tener en cuenta, entre otros datos, que la renta y los suministros superen el 30 % de los ingresos de la unidad familiar y que estos no alcancen determinados límites referidos al IPREM; también pondera la situación del arrendador (art. 441.7 LEC). Acuda cuanto antes a los servicios sociales de su municipio con la documentación de sus ingresos.

La suspensión del artículo 2 del Real Decreto-ley 29/2026

El art. 2 del Real Decreto-ley 29/2026, en vigor desde el 8-10-2026 y convalidado por la Diputación Permanente el 12-11-2026, permite hasta el 31 de diciembre de 2030 suspender el proceso contra una persona vulnerable sin alternativa habitacional, incluso con el lanzamiento ya acordado y no ejecutado. La vulnerabilidad se acredita con informe de los servicios sociales o con los criterios del art. 441.7 LEC. Distingue dos supuestos:

  • Si demanda una de las entidades del art. 2.1, las que adquieren inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados «por un precio claramente inferior a su valor de tasación de mercado», el tribunal suspende el proceso por auto.
  • Con los demás demandantes (art. 2.2), la suspensión solo cabe cuando no se aplica la enervación extraordinaria del art. 22.6 LEC, por ejemplo en un desahucio por expiración del plazo. El tribunal pide informe a la Administración sobre los recursos de que dispone y, si no responde o no los tiene, suspende el proceso.

En el supuesto del art. 2.2, la suspensión se revisa cada 12 meses y se alza cuando desaparece la vulnerabilidad, cuando se pone a disposición del inquilino una alternativa adecuada y efectiva o este la rechaza sin causa justificada y, como máximo, a los 3 años. Mientras dura, el inquilino sigue obligado a pagar la renta. No procede si debe prevalecer la vulnerabilidad del arrendador, salvo que sea persona jurídica o gran tenedor, ni cuando el arrendador es una persona física titular de dos o menos viviendas.

Grandes tenedores y zonas tensionadas en Canarias

Es gran tenedor quien tiene más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o más de 1.500 m² construidos de ese uso, sin contar garajes ni trasteros; en los entornos declarados tensionados, la comunidad autónoma puede bajar el umbral a cinco inmuebles (art. 3.k de la Ley 12/2023). Si el demandante afirma no serlo, debe aportar certificación registral de sus propiedades (art. 439.6 LEC). La conciliación o intermediación previa que se exigía a los grandes tenedores ya no rige: la STC 26/2025, de 29 de enero (ECLI:ES:TC:2025:26), anuló el art. 439.6.c y el art. 439.7 LEC. Según el preámbulo del Real Decreto 851/2026, de 21 de octubre, hasta esa fecha solo el País Vasco, Cataluña, Galicia, Asturias y Navarra habían declarado zonas tensionadas. En Canarias no hay ninguna, así que no se aplican ese umbral reducido ni los límites de renta de esas zonas (art. 17.6 y 17.7 LAU).

Inquilino con contrato frente a ocupación sin título

La ocupación sin título no se resuelve con un desahucio arrendaticio. Una de sus vías es la recuperación inmediata de la posesión de una vivienda (art. 250.1.4.º, párrafo segundo, LEC), que pueden pedir la persona física propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas de vivienda social. En ella, si se pide la entrega inmediata, los ocupantes tienen 5 días para aportar un título (art. 441.1 bis LEC), la oposición solo puede basarse en tener título suficiente o en que el demandante carece de él (art. 444.1 bis LEC) y no se exige negociación previa (art. 5.2.e de la Ley Orgánica 1/2025). Quien tiene un contrato de arrendamiento en vigor dispone de título y puede oponerlo.

El arrendador tampoco puede desalojar por su cuenta: cambiar la cerradura o cortar los suministros para forzar la salida puede constituir un delito de coacciones, castigado con la pena en su mitad superior cuando busca impedir el legítimo disfrute de la vivienda (art. 172.1 del Código Penal). La perspectiva del propietario está en la guía sobre qué hacer si ocupan su vivienda.

Recursos contra la sentencia y costas

Recurso de apelación

La sentencia es apelable ante la Audiencia Provincial en el plazo de 20 días desde la notificación (arts. 455.1 y 458.1 LEC). Al inquilino, sin embargo, no se le admite el recurso si al interponerlo no acredita por escrito que tiene pagadas las rentas vencidas y las que deba pagar por adelantado, y se declara desierto si deja de pagar las que venzan durante su tramitación (art. 449.1 y 449.2 LEC), aunque antes debe dársele ocasión de subsanar (art. 449.6 LEC). Si no recurre una sentencia condenatoria, el lanzamiento se practica en la fecha ya fijada (art. 438.6 LEC).

Costas

Como regla, las paga quien ve rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el caso presentara serias dudas de hecho o de derecho (art. 394.1 LEC). En la enervación ordinaria las paga el inquilino, salvo que el impago fuera imputable al arrendador (art. 22.5 LEC), y en la extraordinaria, la Administración (art. 22.6 LEC). Quien tiene reconocida la asistencia jurídica gratuita solo paga las de la otra parte en los casos que señala la Ley 1/1996 (art. 394.3 LEC), y quien rehusó sin justa causa la negociación previa a la que fue convocado no obtiene costas a su favor (art. 394.1 LEC).

Consulta con el despacho

El plazo de 10 días corre desde el requerimiento. El despacho revisa la demanda, la deuda reclamada y las vías de enervación, oposición o suspensión aplicables a su caso. Puede llamar al 633 572 607 o solicitar una cita, y el despacho le propondrá día y hora.

Fuentes

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo tengo para responder a una demanda de desahucio por impago?

Diez días desde que el letrado o la letrada de la Administración de Justicia le requiere (art. 438.5 LEC). En ese plazo puede desalojar la vivienda, pagar, enervar el desahucio pagando o consignando lo reclamado y lo que deba en ese momento si la ley se lo permite, u oponerse. Si quiere asistencia jurídica gratuita, debe pedirla en los tres días siguientes al requerimiento. Si no hace nada, se dicta decreto y el lanzamiento se practica en el día y la hora ya fijados.

¿Puedo parar el desahucio pagando lo que debo?

Sí, mediante la enervación del art. 22.4 LEC: pagar o consignar, dentro del plazo del requerimiento, lo reclamado en la demanda y lo que se deba en el momento del pago. No cabe si ya enervó en una ocasión anterior, salvo que el cobro no se produjera por causas imputables al arrendador, ni si el arrendador le requirió de pago por un medio fehaciente al menos treinta días antes de presentar la demanda y no había pagado al presentarse. Las costas de la enervación las paga el inquilino, salvo que el impago fuera imputable al arrendador (art. 22.5 LEC).

¿Qué ocurre si estoy en situación de vulnerabilidad económica?

Si la vivienda es su residencia habitual, el tribunal comunica el procedimiento a los servicios sociales y puede suspenderlo hasta dos meses si el demandante es persona física, o cuatro si es persona jurídica (art. 441.5 y 441.6 LEC). Además, el Real Decreto-ley 29/2026, en vigor desde el 8 de octubre de 2026 y convalidado por la Diputación Permanente el 12 de noviembre de 2026, prevé en los desahucios por impago que la Administración ofrezca una alternativa habitacional o pague la deuda en un plazo de dos meses (art. 22.6 LEC) y, cuando esa vía no se aplica, la suspensión del proceso del art. 2, que en el supuesto general se revisa cada doce meses, dura como máximo tres años y no procede si el arrendador es una persona física titular de dos o menos viviendas.

¿Necesito abogado y procurador para defenderme de un desahucio?

Sí. El desahucio por impago se tramita como juicio verbal por razón de la materia, y la excepción de los arts. 23.2.1.º y 31.2.1.º LEC solo alcanza a los juicios verbales por razón de la cuantía que no exceda de 2.000 euros. Si no puede pagarlos, puede pedir la asistencia jurídica gratuita, que incluye abogado y procurador de oficio cuando su intervención es preceptiva (art. 6.3 de la Ley 1/1996).

¿Es lo mismo un desahucio que un desalojo por ocupación?

No. El desahucio se dirige contra quien tiene o ha tenido un contrato de alquiler (art. 250.1.1.º LEC). La recuperación inmediata de la posesión de una vivienda (art. 250.1.4.º, párrafo segundo, LEC) se dirige contra quien la ocupa sin consentimiento del propietario o poseedor legítimo, y en ella la oposición solo puede basarse en tener título suficiente para poseer o en que el demandante carece de él (art. 444.1 bis LEC). Quien tiene un contrato de arrendamiento en vigor puede oponerlo como título.

¿Puedo recurrir la sentencia de desahucio?

Sí, mediante recurso de apelación en el plazo de veinte días desde la notificación (art. 458.1 LEC). Para que se le admita, el inquilino debe manifestar y acreditar por escrito al interponerlo que tiene pagadas las rentas vencidas y las que deba pagar por adelantado, y el recurso se declara desierto si deja de pagar las que venzan mientras se tramita (art. 449.1 y 449.2 LEC).

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