Desahucio por Impago de Alquiler
— Proceso y Plazos

No hay un plazo cierto. La ley fija algunos hitos: antes de demandar hay que intentar una solución extrajudicial (MASC, art. 5 de la LO 1/2025); admitida la demanda, se requiere al inquilino para que en 10 días desaloje, pague o se oponga (art. 438.5 LEC), y, si hay oposición, el lanzamiento debe practicarse antes de 30 días desde la fecha de la vista (art. 438.6 LEC). El resto depende de la carga de trabajo de la sección civil del Tribunal de Instancia y de si el inquilino se opone, por lo que no prometemos plazos.

Sí. En la demanda de desahucio por impago se acumula la acción de reclamación de rentas. Se reclama el principal, los intereses de demora y las costas del proceso.

La fianza legal (1 mensualidad para vivienda) se aplica a la deuda al final del contrato. Si el inquilino debe más meses de los cubiertos por la fianza, la diferencia se reclama judicialmente.

Sí, mediante la enervación: pagar o consignar, dentro del plazo de 10 días del requerimiento judicial, lo reclamado en la demanda y lo que deba en ese momento (arts. 22.4 y 438.5 LEC). No cabe si ya enervó antes, salvo que el cobro no se hiciera por causa imputable al arrendador, ni si se le requirió de pago de forma fehaciente al menos 30 días antes de presentar la demanda y no había pagado al presentarla. Aparte está la enervación extraordinaria por vulnerabilidad del art. 22.6 LEC (RDL 29/2026, en vigor desde el 8-10-2026 y pendiente de convalidación por la Diputación Permanente del Congreso), que cabe aunque haya habido ese requerimiento.

El lanzamiento se practica igualmente en el día y la hora fijados, sin necesidad de nueva notificación (art. 438.5 LEC): acuden la comisión judicial y el procurador, se cambian las cerraduras y se entrega el inmueble al propietario.

Hay varios mecanismos. Si es su vivienda habitual, el tribunal comunica el proceso a los servicios sociales y, si confirman la vulnerabilidad, puede suspenderlo un máximo de 2 meses si el propietario es persona física o 4 si es persona jurídica (art. 441.5 y 6 LEC). Además, el RDL 29/2026 (en vigor desde el 8-10-2026 y pendiente de convalidación por la Diputación Permanente del Congreso) ha añadido la enervación extraordinaria por vulnerabilidad (art. 22.6 LEC): la Administración tiene 2 meses para ofrecer una alternativa habitacional o pagar la deuda y las costas y, si no hace ninguna de las dos cosas, queda subrogada en la deuda, el contrato sigue y no hay lanzamiento. Donde no se aplica esa enervación, el art. 2 del RDL permite, hasta el 31-12-2030, suspender el proceso, con revisión cada 12 meses y un máximo de 3 años de suspensión, y compensación a cargo de la Administración para el propietario persona física; no hay suspensión si el propietario es persona física con dos viviendas o menos.