Te han sancionado por Airbnb sin licencia
Defendemos tu caso

Lo que coloquialmente se llama «licencia» es, en Canarias, una declaración responsable presentada ante el cabildo insular (artículo 7.1 de la Ley 6/2025, de 10 de diciembre, de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas). En materia turística, la multa depende de la calificación de la infracción, según la escala del artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. Infracción muy grave: de 30.001 € a 300.000 €. Son muy graves, entre otras conductas, anunciar la vivienda en plataformas careciendo de número de registro o sin indicarlo (artículo 75.16) y comercializar estancias turísticas en una vivienda de uso residencial sin cumplir los requisitos legales (artículo 75.21, añadido por la Ley 7/2026, en vigor desde el 15 de agosto de 2026). Infracción grave: de 1.501 € a 30.000 €. Infracción leve: hasta 1.500 €. La cuantía concreta dentro de cada tramo se fija en cada expediente. Además, seguir destinando una vivienda a uso turístico cuando se ha extinguido la eficacia del título habilitante es infracción grave de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, sancionada con multa de entre 15.000 € y 150.000 € (artículo 383.3, añadido por la disposición final segunda de la Ley 6/2025).

La Ley 6/2025, de 10 de diciembre, de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, obliga a incluir el número de registro de la vivienda en cualquier anuncio, también en plataformas digitales (artículo 8.6). Publicitar estancias turísticas en viviendas careciendo de ese número o sin indicarlo es infracción muy grave (artículo 75.16 de la Ley 7/1995). Esa ley hace responsable a la persona física o jurídica que realice la acción u omisión tipificada (artículo 73). Si la responsabilidad recae en quien explota la vivienda, en la plataforma o en ambos es algo que hay que analizar en cada expediente.

Sí, si el contrato no cumple lo que exige la ley. Desde la reforma de la Ley 7/2026, la Ley 6/2025 presume turístico, salvo prueba en contrario, el alojamiento en viviendas de uso residencial por un periodo continuo igual o inferior a 31 días (artículo 11). Antes de firmar, el arrendador debe pedir al arrendatario el motivo que justifica la necesidad de alojamiento provisional y su relación con la duración prevista, y hacerlo constar expresamente en el contrato (artículo 12). Firmar el contrato sin que conste ese motivo es infracción grave: multa de 1.501 € a 30.000 € (artículo 76.24 de la Ley 7/1995). Firmarlo sin haber pedido antes esa información y haber comprobado esas circunstancias es infracción leve: hasta 1.500 € (artículo 77.12). Además, si esas circunstancias no figuran en el contrato, este se considera arrendamiento de naturaleza turística (artículo 12.3 de la Ley 6/2025).

El recurso que procede (reposición o alzada) y el plazo para interponerlo figuran en la propia resolución sancionadora. Conviene revisarla con un abogado en cuanto la recibas, para no dejar pasar ese plazo.

Las infracciones turísticas muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año (artículo 74 de la Ley 7/1995). El plazo se cuenta desde el día en que se cometió la infracción y se interrumpe cuando se inicia el procedimiento sancionador con conocimiento del interesado. Estos plazos son los de las infracciones turísticas. La infracción urbanística del artículo 383.3 de la Ley 4/2017 se rige por las reglas de prescripción de esa ley (artículos 407 y 408). Si la prescripción juega a tu favor hay que comprobarlo con las fechas de tu expediente.

Depende del expediente. Revisamos si la infracción está bien calificada, si la cuantía se ajusta al tramo que corresponde según el artículo 79.2 de la Ley 7/1995 o, en su caso, el artículo 383.3 de la Ley 4/2017, y si el procedimiento se ha tramitado correctamente. En las multas turísticas, la Ley 7/1995 obliga a graduar la cuantía dentro de cada tramo con criterios como los perjuicios causados, la reincidencia, el lucro ilícito obtenido o la rapidez en restablecer la legalidad (siempre que no resulten afectados los derechos de los usuarios turísticos), y a explicarlo en la resolución (artículo 79.2). La multa urbanística del artículo 383.3 de la Ley 4/2017 se gradúa con las reglas de esa ley (artículos 397 y 398). Además, cuando la sanción es solo económica, reconocer la responsabilidad o pagar voluntariamente antes de la resolución da derecho a reducciones de al menos el 20 % sobre la sanción propuesta, acumulables entre sí. Esas reducciones deben figurar en la notificación de inicio del procedimiento y exigen desistir o renunciar a cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción (artículo 85 de la Ley 39/2015). Conviene valorarlo con un abogado antes de pagar. No es posible anticipar el resultado sin estudiar la documentación.

Depende de lo que acuerde la resolución y del momento en que se encuentre el expediente. Si se ordena el cese de la actividad o se pretende ejecutar la sanción mientras se recurre, estudiamos solicitar la suspensión cautelar al órgano competente o al tribunal. Se decide caso por caso.