Alquiler Turístico en Canarias
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Sí, pero el título no es una licencia sino una declaración responsable: hay que presentarla ante el Cabildo insular antes de empezar, y el Cabildo inscribe la vivienda de oficio en el Registro General Turístico de la Comunidad Autónoma de Canarias (Ley 6/2025, de 10 de diciembre, de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas). Solo cabe si el planeamiento urbanístico de tu municipio permite expresamente el uso turístico. Anunciar la vivienda sin número de registro es infracción muy grave, con multa de 30.001 a 300.000 € (Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias).

Sí. La comunidad puede prohibirlo, limitarlo o condicionarlo con el voto favorable de 3/5 de los propietarios y de las cuotas (art. 17.12 LPH). Además, desde el 3 de abril de 2025 quien quiera empezar necesita la aprobación expresa previa de la comunidad (art. 7.3 LPH), y en Canarias la Ley 6/2025 exige acompañar la declaración responsable de un certificado de la junta de propietarios de que ni el título constitutivo, ni los estatutos, ni sus acuerdos lo impiden.

No hay una licencia que esperar: la declaración responsable, presentada ante el Cabildo insular con toda su documentación, permite iniciar la actividad el mismo día, y el Cabildo inscribe la vivienda de oficio en el Registro General Turístico (Ley 6/2025). La inscripción no convalida nada ni limita la comprobación e inspección posteriores.

Mientras no entre en vigor el reglamento de desarrollo, se aplican los requisitos de la disposición transitoria séptima de la Ley 6/2025, en la redacción dada por la Ley 7/2026. Como regla, la vivienda debe tener al menos 35 metros cuadrados útiles, dos baños completos si tiene más de cuatro plazas y tres baños si tiene más de ocho. Si no llega a 35 metros cuadrados, se admite cuando cumple la superficie mínima útil de la normativa de habitabilidad y, además, alguna de las condiciones que enumera la ley, como una plaza de aparcamiento privado para los huéspedes en la misma parcela o una calificación energética de clase A o B. También se exige una calificación energética mínima de clase F en edificaciones legalmente existentes a 31 de diciembre de 2007 y de clase D en las posteriores, con las excepciones que prevé la propia disposición, y hay reglas sobre agua caliente sanitaria con energías renovables y sobre el acceso rodado. A esto se suman los requisitos urbanísticos y, en un edificio, los de la comunidad de propietarios.

Depende de quién explote la vivienda, de cómo se preste el servicio y de tu residencia fiscal. Los ingresos tributan en el impuesto sobre la renta que te corresponda y la actividad puede quedar sujeta al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC); la calificación de los rendimientos y las obligaciones formales hay que revisarlas caso por caso.

Sin declaración responsable no hay inscripción ni número de registro, y anunciar la vivienda sin ese número —en plataformas como Airbnb o por cualquier otro medio— es infracción muy grave, con multa de 30.001 a 300.000 € (Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias). La misma calificación tiene comercializar estancias turísticas en una vivienda de uso residencial sin cumplir los requisitos legales (art. 75.21 de la Ley 7/1995, añadido a través de la disposición final tercera de la Ley 6/2025, en la redacción dada por la Ley 7/2026). Y seguir con el uso turístico de la vivienda una vez extinguida la eficacia del título habilitante es infracción urbanística grave, con multa de 15.000 a 150.000 € (art. 383.3 de la Ley 4/2017, del Suelo de Canarias, añadido por la Ley 6/2025). Además, el Reglamento (UE) 2024/1028, aplicable desde el 20 de mayo de 2026, regula la recogida y el intercambio de datos sobre los alquileres de corta duración.

Se presume que sí, salvo prueba en contrario. Desde el 15 de agosto de 2026, la Ley 6/2025, en la redacción dada por la Ley 7/2026, presume que la comercialización de estancias de corta duración es actividad turística cuando se anuncia o comercializa por un canal de oferta turística, o cuando se facilita alojamiento en una vivienda de uso residencial por un periodo continuo igual o inferior a 31 días (art. 11). En un contrato de 31 días o menos, el arrendador debe pedir antes al inquilino el motivo que justifica la necesidad de alojamiento provisional y su relación con la duración prevista, y hacerlo constar expresamente en el contrato. Si no lo pide, se entiende que no concurren las circunstancias que excluyen la presunción de uso turístico. Y si esas circunstancias no quedan debidamente especificadas en el contrato, este se considera arrendamiento de naturaleza turística (art. 12). Firmarlo sin que conste ese motivo es infracción grave, con multa de 1.501 a 30.000 € (arts. 76.24 y 79.2 de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias).

Depende de lo que diga tu escritura de préstamo hipotecario: revísala antes de iniciar la actividad, por si contiene condiciones sobre el arrendamiento o el destino de la vivienda. Con independencia de la hipoteca, la vivienda tiene que cumplir los requisitos de la Ley 6/2025.