autónomo de la construcción con deuda de Hacienda — Fuerteventura

Situación inicial del cliente

Albañil autónomo con cuadrilla propia en Fuerteventura. Varios clientes suyos entraron en insolvencia y le dejaron facturas importantes sin cobrar. Esos impagos le impidieron a su vez ingresar los impuestos de esos ejercicios y las cuotas a la Seguridad Social. Sumado a un préstamo bancario para maquinaria, su pasivo total superaba los 90.000 €. Sin caja, no pudo seguir trabajando.

Intervención de ALY Abogados

Estrategia legal aplicada por nuestro equipo paso a paso:

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   Análisis de la deuda tributaria: identificación de su naturaleza (impuestos repercutidos y no ingresados frente a otras categorías) y verificación de su exonerabilidad tras la reforma de 2022.

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   Comunicación de sus créditos en los concursos de los clientes que no le pagaron, para acreditar su condición de acreedor y aportarla como prueba de la insolvencia derivada.

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   Concurso voluntario incluyendo la totalidad de la deuda: bancaria, AEAT, TGSS y proveedores propios.

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   Defensa específica de la calificación del concurso como fortuito (no culpable): la insolvencia derivó de un suceso externo (impago de sus clientes), no de mala gestión.

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   Solicitud de EPI sobre la totalidad del pasivo exonerable, con la deuda con AEAT y TGSS limitada al máximo legal (art. 489.1.5º TRLC).

Resultado obtenido

Lecciones para casos similares

Lo que enseña este caso a otros clientes con situaciones parecidas:

• La deuda con Hacienda y con la Seguridad Social solo se exonera hasta 10.000 € con cada una: íntegros los primeros 5.000 € y el 50 % del resto hasta ese máximo (art. 489.1.5º TRLC). Las multas penales y las sanciones administrativas muy graves no se exoneran (art. 489.1.6º TRLC).

• La insolvencia "derivada" (causada por impago de un cliente concursado) refuerza la calificación del concurso como fortuito.

• El autónomo puede reanudar la actividad inmediatamente tras el EPI, incluso con nuevo alta en el RETA.

• La cuantía de la deuda no impide por sí sola la exoneración: la ley exige buena fe y no incurrir en las excepciones del art. 487 TRLC.