La Empresa No Cumple
lo Pactado
Reclamamos por ti
Servicios no prestados o mal prestados, obras o reformas deficientes, suscripciones que no se cancelan, cobros no autorizados, telecomunicaciones que facturan lo que no contrataste. Tienes derecho a la resolución del contrato y a los daños y perjuicios.
Marco legal: arts. 11 y 21 TRLGDCU (derecho a resolución + daños), Ley 9/2014 (telecomunicaciones), proceso monitorio (LEC) para importes documentados, procedimiento SETSI para operadoras.
Cómo actuamos
Carta de reclamación fehaciente como primer paso
Antes de acudir a la vía judicial, enviamos un burofax con acuse de recibo y certificación de texto a la empresa. Esto documenta el incumplimiento, fija un plazo de respuesta y es requisito en algunos procedimientos. A veces es suficiente para resolver el conflicto.
OMIC: gratuita pero lenta
La Oficina Municipal de Información al Consumidor tramita reclamaciones de forma gratuita, pero la empresa no está obligada a aceptar la mediación ni el resultado. Es una vía útil para casos de menor cuantía o cuando la empresa es mediana.
Reclamación judicial: más rápida y con costas
La demanda civil (juicio verbal hasta 6.000 €, juicio ordinario por encima) puede resolverse en pocos meses. Si ganas, la empresa paga las costas: honorarios de abogado, procurador y tasas. Eso hace viable reclamar cantidades que de otro modo no lo serían.
Telecomunicaciones: SETSI y Barómetro de Telecomunicaciones
Para reclamaciones frente a operadoras de telefonía e internet existe el procedimiento ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (SETSI). Es previo a la vía judicial y suele resolverse en 6 meses. Las operadoras están obligadas a participar.
Proceso monitorio para deudas claras
Si la deuda está documentada (factura, contrato, albarán) y no supera los límites competenciales, el proceso monitorio es ágil: el juzgado requiere al deudor para que pague u oponga motivos. Sin oposición, se convierte directamente en título ejecutivo.
Daños y perjuicios además de la devolución
Además de recuperar lo pagado, tienes derecho a reclamar los daños causados por el incumplimiento: gastos extra en los que incurriste, lucro cesante si aplica, o perjuicios morales acreditados. Arts. 11 y 21 TRLGDCU.
Casos más frecuentes
- Obra o reforma deficiente o no terminada en el plazo pactado
- Servicio profesional no prestado o prestado de forma incorrecta
- Suscripción o contrato que la empresa no cancela pese a solicitarlo
- Cobros en tarjeta o domiciliación no autorizados
- Operadora que factura servicios no contratados o velocidad inferior
- Seguro que no paga o que alega exclusiones no informadas
- Empresa que no entrega el producto comprado o lo entrega deteriorado
- Plataformas digitales que incumplen condiciones de uso o reembolso
Preguntas frecuentes
¿Tengo que ir a la OMIC antes de demandar?
No. Acudir a la OMIC o a la junta arbitral de consumo no es obligatorio antes de presentar una demanda civil. Sí puede ser conveniente en ciertos casos, especialmente si el importe no justifica los costes judiciales o si la empresa tiene acuerdos de adhesión al arbitraje de consumo.
¿Cuánto cuesta demandar a una empresa?
En juicio verbal (hasta 6.000 €) se necesita abogado pero no procurador, y las personas físicas están exentas de tasas judiciales. En juicio ordinario (más de 6.000 €) son necesarios abogado y procurador. Si ganas, la empresa paga las costas. Te presupuestamos sin compromiso.
¿Merece la pena reclamar 200 € a una empresa?
A veces sí. En juicios verbales con cuantía hasta 2.000 € no es obligatorio abogado ni procurador. Si la empresa pierde, paga las costas. Además, en algunos sectores (telefonía, seguros) el procedimiento administrativo previo es gratuito y puede resolver el caso sin llegar a juicio.
¿Qué pasa si la empresa no contesta la demanda?
Si la empresa no comparece o no contesta en plazo, el juzgado puede dictar sentencia en rebeldía estimando la demanda. Sin embargo, si la empresa no paga voluntariamente, hay que iniciar la ejecución de la sentencia, que puede incluir embargo de cuentas o bienes.
¿Aplica a Airbnb y plataformas digitales?
Las plataformas como Airbnb actúan como intermediarios, pero el TRLGDCU y las normas europeas de consumidor exigen que informen claramente quién es el proveedor real del servicio. Si la plataforma interviene en la gestión del cobro o presenta el servicio como propio, puede tener responsabilidad directa.
Consulta gratuita
Cuéntanos qué incumplió la empresa. Analizamos tu caso sin compromiso.