Business judgment rule (art. 226 LSC): cómo blindar las decisiones del administrador

Qué dice exactamente el artículo 226 LSC

El precepto, introducido por la Ley 31/2014 de modificación de la LSC, establece: "En el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio, sujetas a la discrecionalidad empresarial, el estándar de diligencia de un ordenado empresario se entenderá cumplido cuando el administrador haya actuado de buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de decisión, con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado."

La estructura es de cuatro requisitos cumulativos. La ausencia de cualquiera de ellos elimina la cobertura.

1. Buena fe

Ausencia de móvil ilícito. Aplicación honesta del juicio empresarial sin ocultación de información relevante a otros consejeros, sin uso indebido de información privilegiada y sin actuación en interés ajeno al social.

2. Sin interés personal

Inexistencia de beneficio personal directo o indirecto en el resultado de la decisión. Si concurre interés personal, se aplica el régimen reforzado de operaciones vinculadas (artículo 230 LSC): abstención del afectado, informe del consejo, en su caso dictamen externo.

3. Información suficiente

El administrador debe haber recabado información razonable antes de decidir. La razonabilidad se mide en función de la importancia y complejidad de la decisión, del tiempo disponible y del coste de la información adicional.

4. Procedimiento de decisión adecuado

Proceso estructurado de toma de decisión: convocatoria con orden del día, deliberación, votación, registro en acta. En decisiones de calado: informe técnico previo, asesoramiento externo, votación nominal con constancia de votos particulares.

Cómo se documenta el cumplimiento

El acta del consejo es el documento de prueba principal. Para que opere como escudo en una eventual acción de responsabilidad debe contener:

• Identificación de la decisión y de las alternativas valoradas.
• Información manejada: dictámenes, informes, due diligence, asesoramiento técnico recibido.
• Motivación del acuerdo: razones empresariales que justifican la opción elegida sobre las descartadas.
• Votación: nominal cuando existen votos en contra o particulares; expresión de la abstención de consejeros con interés personal.
• Calificación del proceso: referencia explícita al cumplimiento del estándar de diligencia del artículo 225 LSC.

Una acta así estructurada anticipa la defensa: en la futura litigación, el demandante deberá destruir la presunción de diligencia documentada, no construir desde cero la negligencia.

Casos típicos de aplicación

Operaciones de M&A

Adquisición de empresa con due diligence externa, valoración por experto independiente, asesoramiento legal, fiscal y laboral. El acta documenta cada informe y la motivación del precio. Si la operación resulta adversa para la sociedad, el administrador acredita diligencia.

Inversión tecnológica

Renovación del ERP con dictamen técnico de consultor externo, comparativa de tres proveedores, análisis de coste-beneficio plurianual. Si el sistema implantado no cumple expectativas, la regla protege la decisión.

Refinanciación con concesión de garantías reales

Operación con riesgo de impactar el patrimonio neto. Informe del asesor financiero sobre alternativas, valoración del impacto, votación del consejo con motivación. La operación queda blindada incluso si la sociedad termina en concurso.

Reducción de plantilla por causas objetivas

Auditoría de viabilidad, informe del director financiero, dictamen laboralista sobre el proceso, valoración de alternativas (ERTE, modificación sustancial). El acta del consejo documenta la proporcionalidad de la medida.

Lo que NO cubre la regla

El artículo 226 LSC no protege:

• Incumplimiento de deberes legales imperativos: deber de promover el concurso, depósito de cuentas, convocatoria de junta, formulación de cuentas anuales.
• Operaciones con interés personal: se aplica artículo 230 LSC.
• Dolo o conducta con conocimiento de su ilicitud: queda fuera del ámbito de discrecionalidad empresarial.
• Decisiones adoptadas sin información mínima razonable: la ausencia de procedimiento elimina la cobertura.

La doble protección con la D&O

La business judgment rule funciona como primera línea de defensa documental. La póliza D&O del administrador opera como segunda línea financiera. Ambas son complementarias: una acta motivada reduce la probabilidad de condena y los costes de defensa cubiertos por la D&O operan cuando, pese a todo, se inicia el procedimiento.

La revisión técnica de ambas, dentro del servicio integral de asesoramiento a consejos de administración de ALY Abogados, asegura que el administrador no quede sin protección en el momento clave.

Conclusión

La regla del juicio empresarial no es automática. Exige documentación constante desde el propio consejo. La diferencia entre una sentencia absolutoria y una condena suele ser un acta de tres páginas redactada en tiempo real.

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Aviso legal. Este artículo contiene información jurídica general actualizada a mayo de 2026. No constituye asesoramiento jurídico ni crea relación abogado-cliente. Para análisis del caso concreto es indispensable consulta individualizada. Lázaro Héctor Amable Méndez, colegiado n.º 5.231 ICALPA, administrador concursal en ejercicio.