¿Cuánto Tarda un Desahucio Express en 2026? Plazos Reales

Plazos reales en 2026: ¿cuánto tarda de verdad?

Los tiempos dependen fundamentalmente de dos variables: la saturación del juzgado y si el inquilino se opone o no al procedimiento.

En los Juzgados de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, los tiempos medios en 2026 se sitúan entre 3 y 5 meses para los casos sin vulnerabilidad acreditada.

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Las cuatro fases del desahucio y cuánto dura cada una

Fase 1: Demanda → admisión a trámite (1 – 4 semanas)

Una vez preparada la documentación —contrato de arrendamiento, acreditación del impago, burofax previo si se envió—, el abogado presenta la demanda en el juzgado. La admisión a trámite tarda habitualmente entre una y cuatro semanas según la carga del juzgado.

En el decreto de admisión, el secretario judicial señala ya la fecha del juicio o vista y la fecha tentativa del lanzamiento (desalojo físico). Esto es una peculiaridad del desahucio express que lo diferencia de otros procedimientos: el lanzamiento queda fijado desde el primer momento.

Fase 2: Notificación al inquilino (1 – 3 semanas)

El juzgado intenta notificar la demanda al inquilino en el domicilio arrendado. Si el inquilino recibe la notificación, tiene 10 días hábiles para:

• Pagar toda la deuda pendiente (enervación del desahucio)
• Oponerse a la demanda alegando que no debe o que el contrato sigue vigente
• No hacer nada, en cuyo caso el procedimiento sigue adelante y el decreto de desahucio se dicta sin celebrar juicio

Si el inquilino no puede ser notificado en el domicilio, el juzgado intenta notificarlo a través de la comunidad de propietarios, y finalmente recurre al tablón de anuncios del juzgado. Este proceso puede añadir 2 – 4 semanas adicionales.

Fase 3: Vista o decreto (1 – 2 meses desde la admisión)

Si el inquilino se opone, se celebra una vista (juicio) ante el juez. En función del juzgado, la vista puede señalarse a entre 4 y 8 semanas de la demanda.

Si el inquilino no se opone, el secretario judicial dicta un decreto de desahucio directamente, sin necesidad de celebrar juicio. El decreto es el título ejecutivo que permite proceder al lanzamiento.

Fase 4: Lanzamiento (2 – 4 semanas desde la resolución)

Una vez firme el decreto o dictada la sentencia, el juzgado señala la fecha del lanzamiento. El lanzamiento es la diligencia en que el funcionario del juzgado, acompañado frecuentemente de un cerrajero, procede al desalojo físico del inmueble. Si el inquilino no abandona voluntariamente, se ejecuta el desalojo coercitivamente.

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Qué puede alargar significativamente el proceso

La situación de vulnerabilidad del inquilino

Si el inquilino acredita ante los servicios sociales encontrarse en situación de vulnerabilidad económica —familias con menores, personas con discapacidad, mayores de 65 años en determinadas circunstancias—, el juzgado puede suspender el lanzamiento por un mes, ampliable en función de la respuesta de los servicios sociales. En la práctica, esto puede añadir entre 1 y 3 meses al proceso.

La norma que regula estas suspensiones (introducida durante la pandemia y prorrogada en diversas ocasiones) ha ido restringiendo progresivamente su ámbito de aplicación. En 2026, la suspensión no se aplica de forma automática: es el juez quien valora la acreditación de la vulnerabilidad.

La oposición del inquilino

Si el inquilino contrata un abogado y presenta escrito de oposición, el procedimiento requiere celebrar vista. Aunque el plazo total no se dispara, sí añade entre 4 y 8 semanas al proceso.

La saturación del juzgado

Los juzgados de las grandes ciudades —Madrid, Barcelona, Valencia— presentan colapsos notables. En Canarias, los tiempos son más contenidos, aunque el verano (julio-agosto) suele ralentizar el funcionamiento de los juzgados.

Errores en la notificación

Si la demanda incluye un domicilio incorrecto del inquilino o el contrato no está correctamente formalizado, los intentos de notificación fallidos pueden añadir semanas al proceso.

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Desahucio por impago vs. desahucio de okupa: plazos distintos

Conviene distinguir entre dos realidades muy distintas:

Desahucio por impago (LAU): el que hemos descrito. El inquilino tiene un contrato de alquiler, deja de pagar y el propietario inicia el procedimiento. Plazos: 2 – 7 meses.

Desahucio en precario (okupa): cuando una persona ocupa el inmueble sin título alguno —sin contrato, sin haber pagado nunca—. El procedimiento aplicable aquí es diferente (juicio verbal por precario o el procedimiento especial de la Ley 5/2018), y los plazos tienden a ser algo más largos en la práctica, aunque la Ley 5/2018 introdujo mejoras significativas para los propietarios de vivienda habitual: en esos casos, el lanzamiento puede llegar en 20 días hábiles si no hay oposición.

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Consejos prácticos para no perder tiempo

No esperes más de dos meses de impago antes de actuar. Cada mes de retraso es una mensualidad más que difícilmente recuperarás. Además, la deuda acumulada puede disuadir al inquilino de regularizar.

Asegúrate de que el contrato está bien formalizado. Un contrato sin fecha, sin DNI de las partes o sin especificar el inmueble puede generar problemas en la admisión de la demanda.

Documenta el impago correctamente. Los justificantes de que no has cobrado la renta (extracto bancario, burofax sin respuesta) son prueba fundamental en el proceso.

El burofax previo no es obligatorio, pero sí recomendable. Enviar un burofax reclamando el pago antes de demandar demuestra la buena fe del propietario y puede servir como prueba adicional.

No cortes los suministros ni cambies la cerradura. Son acciones ilegales que pueden volverse en tu contra y ralentizar el proceso.

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Necesitas recuperar tu vivienda

Si tienes un inquilino que no paga y llevas semanas dándole vueltas, lo mejor que puedes hacer es consultar con un abogado especializado en arrendamientos antes de que la situación se prolongue.

→ Ver proceso completo y consulta gratuita sobre desahucios

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Fuentes legales: Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU); arts. 440 y 441 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas; Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.